Con la venia del presidente Alberto Fernández, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y funcionarios de otros ministerios ya trabajan en un cambio drástico de la política del gobierno de Cambiemos en relación con la tenencia y el consumo de marihuana, una promesa de campaña que podría generar un fuerte debate parlamentario durante este año. Cerca de la ministra de Seguridad reconocieron que está "en estudio" el envío al Congreso de un proyecto de ley para despenalizar la tenencia para consumo personal y el autocultivo de la planta de cannabis, y que el objetivo es "dejar de penalizar a los perejiles, e ir por los narcos, que son el verdadero peligro", afirmaron. (Véase también: Cannabis para todxs: la era del autocultivo y el uso medicinal)

Los fiscales federales de Salta y de Jujuy, autorizaron la entrega de hojas de coca secuestradas en ambas provincias. La decisión se tomó en respuesta a pedidos de los gobiernos de Salta y de Jujuy, ante la escasez de hojas, por el cierre de fronteras debido a la pandemia del coronavirus. A pesar de que en las provincias está extendido desde tiempos ancestrales el consumo de sus hojas, sobre todo para el coqueo o masticación y como infusiones medicinales y prácticas religiosas, la planta de coca no se cultiva en Argentina. La coca se introduce desde Bolivia y se vende abiertamente en comercios de Salta y Jujuy. El cierre de las fronteras provocó una escasez del producto y una consecuente subida del precio que la volvió prácticamente inalcanzable para algunos sectores de la sociedad de ambas provincias. (Véase también: Coronavirus en Argentina: la Justicia libera 1700 kilos de hoja de coca para que vuelva el “coqueo” en Salta y Jujuy)

En el Día Nacional del Acullico (cada 11 de enero desde 2017), en la Vicepresidencia del Estado se presentó el libro Hoja de coca: antecedentes y perspectivas para su exportación, una investigación de Patricia Chulver y Jesús Sanez, patrocinada por la Fundación Acción Semilla y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung. El texto tiene la virtud de poner nuevamente en agenda la producción masiva de la Hoja Sagrada, ya no solo en vista al mercado local, sino de otros países, limítrofes y no. El libro vuelve a plantear que al margen del hecho económico en sí, la propuesta de viabilidad del mercado ampliado de la coca es esencialmente política.  Pero en esto hay que ver una línea de continuidad, antes que una ruptura: la hoja de coca, como un hecho de reivindicación cultural siempre tuvo un carácter político.

A 30 años de la sanción de la Ley de Estupefacientes (23.737) en Argentina, asociaciones cannábicas y organizaciones de derechos humanos, ciencias sociales, seguridad, educación y salud mental firmaron un acuerdo de cinco puntos para comenzar a diseñar una regulación legal del cannabis para uso adulto que esté basada en criterios de salud pública. El documento fija posiciones sobre la regulación , el consumo responsable, el mercado existente en torno al uso adulto o “recreativo”, la importancia del autocultivo y de los clubes sociales de cannabis y la no criminalización del uso de sustancias psicoactivas. (Véase también: "Una regulación integral para el cannabis de uso adulto")

El coqueo es una práctica ancestral que el cierre de fronteras por la pandemia afectó fuertemente. Desde 1989 no es considerada una droga, su comercialización no es legal, pero su práctica sí. Desde siempre, es importada ilegalmente de Bolivia para luego inundar los mercados centrales de las principales localidades de la provincia. Argentina sufre el impacto de la escasez de la hoja de coca por la pandemia, lo que provocó un fuerte aumento en los precios: el ¼ pasó a costar hasta 4.000 pesos promedio, cinco veces más que semanas atrás, antes del cierre de fronteras. El kilo oscila los 14.000 y 16.000 pesos. ¿Es posible crear nuevas formas de producción? (Véase también: “El que coquea no hace un análisis legal”: Cornejo a favor de regular la hoja de coca)

En la Argentina se está preparando una nueva ley de cannabis que apunta al uso recreativo, basada en la reducción de daños y con un objetivo de máxima: quitarles al narcotráfico y sus aliados en las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial la regulación ilegal del mercado. Sus propulsores, unas 28 organizaciones de la sociedad civil, entre científicas, académicas, especializadas en salud mental y de Derechos Humanos, aseguran que por primera vez en la historia del país es posible una reforma profunda de las políticas de drogas. El Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis para personas mayores de 18 años, lanzado en septiembre pasado al cumplirse tres décadas de la ley de drogas, plantea la despenalización.

En la provincia de Jujuy, Argentina, evalúan la posible legalización de la importación de hoja de coca desde Bolivia, debido a la demanda del producto en el norte del país vecino. La autoridad jujeña afirmó que buena parte de los contagios de la región se deben a que la gente cruza la frontera con Bolivia para comprar la hoja tradicional del arbusto. “Si no paramos eso estamos en la parrilla, porque nos van a pasar más casos (de coronavirus). Paremos el tema de la (venta de coca) porque eso es lo que está generando el paso hormiga de los que van para el negocio de la venta de coca”. (Véase también: Un nuevo secuestro de hojas de coca)

El debate sobre el consumo recreativo de la marihuana en Argentina no apareció entre los temas centrales de la campaña para las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), pero en distintas entrevistas en los medios se pudo apreciar que la mayoría de los precandidatos estaba abierto a discutir la despenalización y el tema ya no aparece como tabú: la aceptación es transversal a distintos espacios que no tienen ningún tipo de coincidencia política, desde la izquierda a los libertarios, desde el FdT a Juntos.  El ex ministro de Salud de Macri, Adolfo Rubinstein no tiene dudas de que el cannabis debe ser legalizado. "Estoy de acuerdo con que se legalice la marihuana para uso recreativo."

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, publicó un informe sobre la política de persecución e incautación de marihuana, cocaína y drogas sintéticas por parte de las cuatro fuerzas federales durante la gestión de Patricia Bullrich en el que se revela que el 80 por ciento de los operativos fue contra consumidores o pequeños vendedores. Esa política se reflejó, en tres de los cuatro años de gestión, en un aumento de operativos y una baja de la cantidad de sustancias secuestradas. El informe señala con datos precisos que más operativos no representan mejores resultados. En 2019 solo en el 7% de los operativos incautaron más de 100 gramos de marihuana.

La ley para el uso medicinal del cannabis se aprobó por unanimidad el 29 de marzo de 2017. En septiembre de ese mismo año se reglamentó de forma parcial, y el Estado designó la investigación y la producción sólo para personas diagnosticadas con epilepsia refractaria, aunque también se utiliza para tratar otras patologías y enfermedades. Casi dos años y medio después de aprobada la ley, especialistas aseguran que "no hay voluntad política", que quienes cultivan son criminalizados y quien quiere comprar no tiene opciones producidas, reguladas y controladas por las entidades públicas. "Queremos que quien decida cultivar pueda hacerlo sin ser criminalizado", dijo Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva Argentina.

A once años del fallo Arriola en el que la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la criminalización de las personas que consumen drogas, todavía proliferan causas por tenencia para consumo personal. Las causas no solo le cuestan al Estado millones de dólares, sino que también tienen un alto costo social en materia de vulneración de derechos humanos. Un informe realizado por la ONG Reset relevó que desde aquel fallo a la fecha se presentaron, sin considerar las iniciativas que despenalizan únicamente con fines medicinales, 28 proyectos para cambiar la ley de drogas (23.737).

La necesidad de abrir “un debate serio” sobre la despenalización de la marihuana y la llamada “lucha contra el narcotráfico” fue impulsada por la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y por su par de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. La ministra nacional dijo que está de acuerdo en comenzar un debate sobre “un modelo argentino sobre la legalización de las drogas blandas, no de las drogas duras”. Puso como primera meta la legalización del cannabis y luego “ver otras posibilidades, porque Argentina no es un país que esté preparado para legalizar las drogas duras”, al menos en lo inmediato. (Véase también: Berni propuso despenalizar todas las drogas y Frederic dijo que lo analiza, pero solo para cannabis | Cannabis: hablemos de regular)

Un mes después de que el Senado diera media sanción al proyecto para regular la producción de cannabis medicinal y del cáñamo industrial, una encuesta reveló que más del 60% de los argentinos está a favor de la legalización de su consumo en adultos. De acuerdo con el sondeo, realizado por la Cámara Argentina de Cannabis, el 65% respondió que estaría de acuerdo con la despenalización del consumo de marihuana si se hace de forma regulada y controlada, como con el alcohol, mientras que el 26% se manifestó en contra y un 10% dijo que no sabe. El proyecto de ley que estableció un marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis para fines medicinales e industriales fue aprobado el 15 de julio en el Senado.

Como lo había adelantado ya en la sesión anterior el senador Martín Arjona, se dio media sanción en la tarde de ayer al proyecto de ley por el cual se crea en el ámbito de la provincia de Salta, el Registro Público de distribuidores y expendedores de hojas de coca en estado natural. La iniciativa, que contaba con dictamen de la Comisión Especial para el estudio integral de la regulación del abastecimiento y comercialización de la hoja de coca, tiene por objeto establecer un marco regulatorio para la importación, acopio, fraccionamiento y venta con fines de uso doméstico de esa hoja de uso ancestral en la provincia. El senador explicó que con esta ley se inicia el camino a la normalización de la venta de esa hoja, y es “un paso hacia la legalización”.

El mercado de cocaína fumable se estableció hace décadas, por lo que no se trata de un fenómeno nuevo. En lugar de desaparecer, está experimentando una expansión paulatina, y ha pasado de constituir un hábito bastante localizado y aislado en la región andina en la década de 1970 a tener un alcance que se despliega en todas las direcciones, en toda América del Norte y del Sur, incluidas las regiones del Caribe y América Central. Las sociedades del continente americano han convivido con las cocaínas fumables durante más de cuatro décadas, pero —aunque resulte sorprendente—, existen pocos estudios sobre la evolución del mercado y pocas pruebas de primera mano sobre cómo se comercializa realmente esta sustancia y cómo la utilizan millones de personas en la región.

Descargar el informe (PDF)

The Organization of American States' (OAS) latest drug consumption report highlights shifting trends in drug use among youths in the Western Hemisphere. One noteworthy trend is changing cocaine consumption among high school students in South America, when compared to the United States -- the region's largest overall drug consumer. While cocaine use among US high school students has declined since peaking in 1998, consumption in South America has increased, most notably in Argentina and Uruguay, and less so in other nations like Chile and Brazil.

"El pacto social es para acordar una erradicación voluntaria, pacífica y progresiva de los cultivos de coca y el compromiso de no resembrar", señala el nuevo jefe de la política antidrogas del Perú, Ricardo Soberón, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Vida sin Drogas (Devida). “Este pacto social tiene tres niveles: un acuerdo con los cocaleros y sus organizaciones, un segundo nivel con las municipalidades locales y gobiernos regionales, y un tercero con la población de esos lugares. A cambio les ofrecemos a los agricultores un programa de desarrollo alternativo que llegará oportunamente, asistencia directa a través de la entrega de bienes, insumos, equipos, asistencia técnica, asociatividad, gestión comunal, y también daremos transferencias financieras a los municipios locales."

El 25 de agosto de 2009 la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad del artículo Nº14 de la Ley de Estupefacientes Nº 23.737, que reprime la tenencia de estupefacientes para consumo personal. ¿Qué significa ese fallo once años después? A pesar de haberse cumplido 11 años del histórico fallo y de que mucha agua ha corrido bajo el puente, los especialistas en los temas de políticas de drogas sostienen que nada ha cambiado. Por el contrario, las causas contra consumidores o pequeños expendedores minoristas se multiplican en los Tribunales y el número de personas presas por estas razones creció exponencialmente sin que esto afecte en manera alguna a las verdaderas redes organizadas.

El senador provincial Martín Arjona presentó un proyecto que será estudiado en la Cámara Alta en Argentina y tiene por objeto establecer un marco regulatorio para la importación de coca, el acopio, fraccionamiento y la venta con fines de uso doméstico y de investigación científica. La iniciativa surgió porque ante la pandemia hubo dificultades en Salta para el abastecimiento de hojas de coca que se obtienen de contrabando desde Bolivia. Arjona sostuvo que esto "ha afectado a todos los salteños que llevan adelante la práctica del coqueo". El precio del kilo de coca ha oscilado entre los 8 mil y 15 mil pesos en la cuarentena.