Y de nuevo es la Corte la que aguanta la línea que protege a los ciudadanos de la voracidad policial y judicial del Gobierno. Fue publicada finalmente la Sentencia (C-574 de 2011), con la que la Corte rechazó una demanda de inconstitucionalidad que argumentaba que la modificación de la Constitución durante el gobierno de Uribe para “prohibir” la dosis personal (Acto Legislativo 02 de 2009) daba pie para que las personas sorprendidas con sustancias ilegales fueran a parar a la cárcel. La Corte negó tajantemente que esto sea lo que dice la norma y aportó, finalmente, una guía para interpretar cuáles son las reales consecuencias de una reforma sobre drogas que el Congreso le concedió al capricho del pasado presidente.