La Audiencia Provincial de Vizcaya ha archivado la causa abierta contra los propietarios de una plantación de marihuana, miembros de la Asociación de usuarios de cannabis -Pannagh-, que fueron detenidos en octubre del año pasado durante una operación contra el tráfico de drogas. El auto judicial reconoce que el objetivo de aquel cultivo era abastecer a los miembros de la asociación, algunos de ellos enfermos crónicos, y no su venta en el mercado negro. Ahora, Pannagh quiere que se le devuelvan los 17 kilos de marihuana que le fueron requisados en una actuación «desproporcionada» y «chapucera».

	ALIVIO. Martín Barriuso, antes de su comparecencia. / L. A. GÓMEZ

La intervención policial arrancó cuando tres de los arrestados, entre los que se encontraba el presidente de Pannagh, Martín Barriuso, fueron sorprendidos por la Policía Municipal de Bilbao en un caserío de Iurreta, donde manipulaban las hojas de su plantación. Agentes antidroga pusieron a los detenidos a disposición judicial, junto al dueño del terreno, siendo liberados posteriormente con cargos.

Los jueces han reconocido probado que aquel hachís, 17 kilos una vez secado, no tenía como fin su distribución ilegal sino su reparto entre un colectivo «cerrado» que cuenta con unos 70 socios, de los que más de la mitad utiliza el cannabis con fines terapéuticos. El auto no ve indicio de delito en la actividad de Pannagh y certifica que el cultivo de marihuana cumple los requisitos exigidos por el Tribunal Supremo para considerarse «consumo compartido» de una asociación «legalmente constituida» y sin «fines comerciales».

Volver a la ilegalidad

Un explícito Martín Barriuso se confesó ayer «jodido pero contento» con la resolución. El presidente de Pannagh mostró su «decepción y sorpresa» por la actitud de la Dirección de Drogodependencias del Gobierno vasco, cuya máxima responsable, Belén Bilbao, conocía las actividades de la asociación y «sin embargo, ha guardado absoluto silencio».

En su opinión, la incautación judicial de la plantación ha significado un exceso de celo de jueces y Policía. Perder la cosecha que les iba a abastecer durante un año ha supuesto un daño «grave» para una agrupación en la que los asociados costean los gastos del cultivo y que ha obligado a «racionar» las reservas entre los enfermos. El resto de socios hace tiempo que debieron volver a la ilegalidad para hacerse con cannabis. «Todo esto sólo ha servido para que tengamos que volver al mercado negro» aclaró Barriuso.

Pero también ha servido para algo más. El sobreseimiento del caso es un precedente que las asociaciones pro cannabis españolas van a utilizar para exigir que la legislación precise cuánta marihuana se puede cultivar para consumo en grupos cerrados. Además, en noviembre se presentará en el Parlamento Europeo el 'Cannabis Social Club', un proyecto amparado por 98 asociaciones.