El gobierno del presidente Calderón ha dilapidado recursos del área de procuración de justicia en casos que no reducen la violencia, sobre todo porque se ha centrado en consumidores de drogas o en vendedores de bajo perfil, señala el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). En un estudio titulado “(Des) proporcionalidad y delitos contra la salud en México”, elaborado en conjunto con el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho, el CIDE sostiene que el 80% de las condenas por delitos contra la salud, además de ser excesivas, fueron impuestas a consumidores o vendedores de bajo perfil y no delincuentes que cometen actos violentos.