 Miércoles 19 de agosto de 2009
La guerra contra la droga fracasó. Tras más de 20 años de impulsar
incansablemente la misma política, los esfuerzos no fueron capaces de
poner bajo control los mercados de drogas ilícitas, que están en
expansión, y en cambio llevaron a una crisis inmanejable en los sistemas
judicial y penitenciario, violaciones a los derechos humanos, la
consolidación de redes criminales y la marginalización de los
consumidores, que son empujados fuera del alcance de los servicios de
salud. Por estas razones, algunos países de Latinoamérica están
empezando a explorar políticas más efectivas y honestas.
Martin Jelsma
Newsweek Argentina, 19 de agosto de 2009
En la
Argentina, pronto se pondrá en discusión una propuesta legislativa para
descriminalizar la posesión de pequeñas cantidades de droga para consumo
personal, y la semana que viene la Corte Suprema podría resolver la
inconstitucionalidad de la imposición de sanciones criminales a la
posesión para consumo personal.
La perspectiva de descriminalización en la Argentina encontró tanto
fuertes apoyos como condenas. La discusión sobre políticas de drogas se
ve usualmente obstaculizada por posiciones polarizadas entre la
prohibición y la legalización, muy a menudo traducidas erróneamente por
la elección entre “tolerancia cero para proteger a nuestra juventud” o
“libertad para todos con consumo creciente”. Esta dicotomía oscurece el
hecho de que existe mucha experiencia con enfoques menos represivos en
los campos de descriminalización, reducción de daños, y políticas más
tolerantes hacia el cannabis.
Las lecciones aprendidas en la práctica
pueden ayudar a superar el temor de que alejarse de los enfoques
punitivos es un salto en la oscuridad. De hecho, los países que
descriminalizaron no sufrieron explosiones en el uso de drogas. Y
enfoques menos punitivos bien pueden ser más efectivos en proteger a
nuestra juventud y reducir los niveles del crimen relacionado con la
droga. Para no mencionar que castigar a los usuarios por el mero hecho
de consumo, o dictar graves sentencias de prisión contra pequeños
traficantes, son claros ejemplos de castigos desproporcionados con la
ofensa.
Por estos días en casi toda Europa es poco probable ser encarcelado por
poseer pequeñas cantidades de droga, aún cuando las definiciones legales
varían de lugar en lugar. España, Italia y Portugal, por ejemplo, no
consideran la posesión de drogas para uso personal como una ofensa
punible, mientras que en Holanda o Alemania la posesión para uso
personal sigue siendo ilegal de jure, pero se establecieron guías para
la policía y el enjuiciamiento para evitar imponer castigo alguno. Otros
países imponen solamente sanciones administrativas, y muy pocos (Suecia,
Chipre) todavía mantienen la opción de imponer sentencias de prisión por
la posesión de pequeñas cantidades.
Tres recientes evaluaciones del
impacto de la descriminalización en Portugal concluyeron que no
ocurrieron aumentos significativos en el uso de drogas desde que se
aprobó la ley, en 2001, y que el uso de heroína incluso disminuyó
sustancialmente. La del Instituto Cato, con base en Estados Unidos, en
tanto, concluyó que “el marco de descriminalización portuguesa fue un
rotundo éxito. Dentro de este éxito hay evidentes lecciones que deben
orientar los debates sobre políticas de drogas en todo el mundo”.
En el caso del cannabis, bastantes países y estados en EE. UU.
introdujeron enfoques más tolerantes. En ninguno de estos casos parece
que haya habido un gran aumento del consumo de cannabis. Incluso en el
caso de Holanda, a pesar de las ventas libres en los “coffee shops”, los
niveles de consumo de cannabis son similares a aquellos de los países
vecinos como Alemania o Bélgica, y mucho más bajos que en el Reino
Unido, Francia o España.
En América Latina, una política de drogas más racional para hacer frente
a las principales preocupaciones en la región, evitando al mismo tiempo
las consecuencias negativas del modelo de EE. UU., tomó más tiempo para
desarrollarse. Hay buenas señales, sin embargo, de que la marea está
cambiando, y que una ola de reformas legislativas está comenzando a
humanizar las políticas de drogas en la región.
Brasil descriminalizó la
posesión para uso personal en 2004 y México lo hizo a comienzos de este
año. Ambos modelos, sin embargo, tienen claras deficiencias en la
aplicación y alcance jurídico, sobre todo porque ambas nuevas leyes
introdujeron penas más severas para el tráfico de menor escala.
En
contraste, el año pasado, Ecuador emitió un indulto para las “mulas” de
drogas, singularizando a un grupo específico de prisioneros como
víctimas de la legislación indiscriminada y desproporcionada. Pronto, el
Gobierno ecuatoriano presentará una ley de drogas completamente
revisada, incluyendo la descriminalización de la posesión. El debate
sobre reformas de mayor alcance en política de cannabis, incluyendo la
opción de un mercado regulado, para quitarle esta fuente de ingresos a
grupos criminales, está empezando a abrirse en Brasil, México y
Paraguay. Y Bolivia inició este año procedimientos formales a nivel de
las Naciones Unidas para corregir el error histórico de prohibir el
consumo de la hoja de coca.
Esperemos que la propuesta de descriminalización en la Argentina pueda
sumar otro ejemplo positivo, fortaleciendo la marea cambiante en América
Latina. No es un salto en la oscuridad, sino un significativo primer
paso para salir de la oscuridad del pasado.
Martin Jelsma es un politólogo experto en drogas, investigador asociado del
Transnational Institute (TNI), en Ámsterdam.
Véase también:
La reforma de las políticas de drogas. Experiencias alternativas en Europa y Estados Unidos, Tom Blickman y Martin Jelsma, Nueva Sociedad No 222, julio-agosto de 2009.
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