Las estrategias antinarcóticos aprovecharon la selectividad del derecho penal para convertir la política de drogas en una guerra contra los más débiles: contra aquellos que desempeñan tareas logísticas en el negocio del narcotráfico (como las personas que sirven de correos humanos o expendedores minoristas), que son fichas reemplazables y reciben baja remuneración. La pregunta que surge es: ¿por qué persistir en una política que causa el encarcelamiento masivo de personas, que afecta particularmente a quienes tienen experiencias de vida marcadas por la marginalidad educativa o laboral y que ha causado daños irreparables a mujeres, hombres y jóvenes?