Los aniversarios redondos tienen un efecto inconsciente en las personas que las lleva a realizar balances y rever algunas cosas. En 2023, por ejemplo, se cumplen diez años de la aprobación de la Ley 19.172, la que en su momento puso a Uruguay en el centro del debate internacional sobre políticas de drogas, y Juan Ignacio Tastás, director ejecutivo del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), cree que es una buena oportunidad para que el sistema político se proponga rediscutir la ley, sacarse algunos miedos y flexibilizar el acceso.

Todo esto se daría, además, en un año preelectoral, con cuestionamientos previos a la ley dentro de la misma coalición de gobierno, claroscuros en el accionar policial con algunos autocultivadores, cada vez más farmacias y un proyecto de ley que pretende venderle a turistas. Con diez años y mucho camino recorrido, ¿es el momento de modificar la normativa?

En diciembre se empezó a vender la variedad de cannabis Gama, que significó un récord de compras en farmacias, ¿a qué creen que responde este fenómeno?

Yo creo que responde a que hay una falencia en nuestro sistema en abastecer adecuadamente con lo que el público que consume marihuana estaba solicitando. El sistema arrancó con dos variedades: Alfa y Beta, que tenían un nivel de THC [tetrahidrocannabinol, compuesto psicoactivo del cannabis] relativamente bajo respecto a lo que se puede obtener en otras variedades, y los usuarios comentaban que no se estaba logrando suplir ese consumo por lo que solicitaban un mayor nivel de THC. La idea es seguir generando nuevas variedades, hay una variedad que estamos planificando poder lanzar sobre fines del año que viene, y que seguramente tenga un nivel de THC, como media, de 15%, es decir que estaría un poco más arriba y en la línea con lo que se puede obtener en general en los clubes. También la Junta Directiva autorizó a las unidades productivas que están en el predio de Libertad a que puedan desarrollar sus propias variedades.

¿Cómo funcionaría esto de las empresas?

Lo que estamos haciendo es primero lanzar la propuesta, porque estaba demasiado centralizado el tema. Es el Ircca el que otorga la genética para las variedades que se utilizan –Alfa, Beta y Gama– y la que vendría, entonces lo que estamos habilitando es que ellos hagan procesos de investigación y desarrollo, todos los procesos necesarios, y entiendan cuáles son las posibilidades que tendrían en el mercado para lanzar variedades nuevas al sistema. La pluralidad de ofertas lleva a que se pueda retirar más gente del mercado negro y esta se vuelque al mercado regulado.

Estas variedades producidas por las empresas, ¿llegarían a las farmacias, o se piensa en una figura de “dispensario”?

Nos tenemos que ajustar a la base jurídica con la que contamos hasta el momento [la Ley 19.172]. Creo que seguramente en el año 2023 se pongan varios de estos temas sobre la mesa, pero será quizás el sector político el que determine si hay que dar cambios en ese sentido.

Se van a cumplir diez años de la aprobación de la ley en este 2023. ¿Por dónde cree que tendría que ir la discusión política respecto a modificar la ley?

Se cumplen diez años y por eso yo creo que el 2023 puede ser un excelente momento como para hacer una especie de puesta a punto. Creo que había muchos temores lógicos, porque no había antecedentes a nivel mundial, pero hoy, a la luz de los hechos y la realidad, se podrían empezar a flexibilizar algunos temas. Nosotros desde el Ircca hemos trabajado y estamos trabajando en sugerencias, pero seguramente tengan que ser analizadas por el sistema político para que ellos definan por qué líneas quisieran ir. Por ejemplo, si nosotros en las farmacias quisiéramos vender CBD [cannabidiol, componente no psicoactivo que se puede usar con fines medicinales] puro, no tenemos hoy esa posibilidad porque no nos lo permite la ley, por lo tanto, a veces suena como un sinsentido que si el sistema no quiere tener un elemento psicoactivo, la normativa no lo permite.

¿Qué otros elementos cree que se deberían discutir a nivel político?

Personalmente creo que se debería discutir todo, creo que es momento para sentarse con datos sobre la mesa y poder ver qué se puede cambiar, qué se puede mejorar. Podría plantear una cantidad de cosas pero lo que hay que esperar es que el sistema político defina por dónde quiere ir, sino estoy poniendo la carreta por delante de los bueyes. Es necesario rever muchas cosas, asimetrías que se dan. Por ejemplo, uno de los temas que se han planteado es el acceso universal, o el hecho que de repente se genere alguna problemática con los registros de los autocultivadores. También hay dificultad para pasar de un sistema a otro: si uno es autocultivador y pretende comprar en la farmacia o pasar a un club, existen restricciones. Son cuestiones que valdría la pena que el sector político reflexione si siguen siendo funcionales. Debería revisarse [la ley] en función de que muchas de las cosas que se planteaba que podían ocurrir, no han ocurrido. Hay que recordar que si hay un consumidor que no la obtiene por el canal legal, termina yendo por el canal ilegal.

Hay también un tema de voluntad política. Este año, Cabildo Abierto (CA) propuso derogar la ley de regulación de la marihuana, aunque no tuvo mucho éxito, ¿cómo le parece que se pueda negociar flexibilizar la ley teniendo estas posiciones dentro de la coalición?

Se escapa de mi ámbito qué elementos se pueden poner sobre la mesa. Creo que en líneas generales hay un consenso importante de los diferentes sectores políticos (más allá de ciertas excepciones) de que esta es una política acertada, podrán haber matices, pero el combate y la represión a esto ha generado más problemas que beneficios y de alguna manera hay que repensar esa estrategia que en muchos casos no fue funcional.

Otro punto que se ha cuestionado por parte de legisladores cabildantes es que los productos relacionados al cannabis no paguen IVA y se piden explicaciones, ¿qué se responde?

Es algo totalmente atendible, de hecho en el Ircca estamos estudiando qué impacto tendría ese tipo de política. Cuantos más elementos de costos adicionales existan, más distancia se va a generar con los productos que son ilegales, porque ciertamente no están tributando. Por lo tanto, si uno lo que está buscando es que la gente desista de ir por un sector clandestino, con todos los problemas que eso acarrea, todo lo que uno le cargue arriba a lo legal termina generando un mal mayor.

Juan Ignacio Tastás.

Juan Ignacio Tastás.

Foto: Camilo dos Santos

Está a estudio un proyecto de ley en la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados que habilitaría la venta a extranjeros no residentes, y se prevé que sean los clubes cannábicos los que produzcan el cannabis que se ofrezca en emprendimientos turísticos, ¿lo ven factible? ¿Qué implicaría para los clubes?

Hay varios elementos para analizar o cuestionar. Primero, la génesis de los clubes y cuál es el concepto de club per se. Es un conjunto de personas, en una asociación sin fines de lucro, que se juntan para plantar colectivamente y tener algún producto con determinadas características. Está armado con una lógica que fue mutando a lo largo del tiempo y hoy en día muchos clubes son unidades de negocios. Entonces, si ha mutado, también debería mutar la normativa asociada, y concomitantemente con eso, los controles asociados. Nosotros desde el Ircca lo que hacemos es controlar que los clubes cumplan con determinadas características, pero no estamos midiendo el contenido de cannabinoides que tienen los productos, ni pesticidas o cualquier elemento patógeno. Entendemos que si son personas que optan por reunirse y producir eso, ellos sabrán lo que están haciendo, pero si eso se extiende hacia otras personas que no estuvieron involucradas en los procesos productivos y que vienen puntualmente al país, pueden tener repercusiones potenciales porque no se hacen los mismos controles que a los productos de las farmacias, que tiene un costo que ronda los 1.000 dólares. Si se pretende incluir a los clubes como un elemento de abastecimiento, debería reverse el origen del concepto. Nuestra preocupación es el análisis que se le hace a los productos. Asimismo, más de 70% de las personas dentro del mercado legal están inscriptas en las farmacias y es un lugar o una forma de acceso mucho más sencilla que el club.

Según el último informe de mercado regulado, casi la mitad (53%) de los registrados en farmacias hacen uso de esta vía.

El sistema estuvo congelado en el tiempo durante muchos años. En los clubes, usuarios me comentan que tienen una pluralidad de opciones para elegir y un encare muy distinto de lo que se puede obtener en la farmacia donde el producto es cerrado, está controlado. Dicho esto, desde la Junta Directiva estamos intentando cubrir las falencias del sistema de farmacias para mejorar, dentro de las restricciones de la normativa. ¿Qué estamos haciendo? Aumentar la cantidad de farmacias, facilitar el registro para que no sea solamente en el Correo, [que] pueda ser en la misma farmacia, eso lo estamos desarrollando y posiblemente a mediados de enero quizá esté disponible. Estamos intentando, dentro del corsé que significa la normativa actual, mejorar y que el sistema se flexibilice dentro de lo posible.

Cuando se lanzó la nueva variedad usted fue consultado por las denuncias de autocultivadores sobre los controles policiales, y dijo que eso era competencia del Ministerio del Interior y no del Ircca. ¿No hay controles del Ircca sobre los autocultivadores?

Esa declaración fue tomada quizás de una forma distinta a la que yo quise expresar. Estaban hablando de los allanamientos, entonces cuando dije que no es potestad del Ircca, me refería a lo que se estaba dando a nivel de la justicia. El Ircca no tenía que ver en esa operación, así que sería conveniente consultar a la justicia los motivos. No significa que el Ircca esté delegando autoridad de control al Ministerio del Interior. Reconozco que no fui lo suficientemente claro, pero a lo que yo me refería es que no es el rol del ministerio controlar a los autocultivadores, sino que sería ahí donde debería consultarse por estos casos. Dicho esto, el Ircca en ningún momento delegó funciones de control a nadie, y lo que puntualmente decía es que en este momento no estábamos haciendo controles a autocultivadores, eso no quita que retomemos mañana o pasado, pero en este momento no se están haciendo.

¿Por qué no se están haciendo?

Porque hay una serie de problemas, como la escasez de recursos humanos, pero también hay un tema vinculado a la inviolabilidad del domicilio, particularmente porque el horario de trabajo nuestro es de día. En muchas oportunidades, un porcentaje enorme de las veces que se iba a inspeccionar en el domicilio, la persona no estaba. Entonces, se vuelve muy compleja esa operativa dadas esas restricciones; es decir, en cuanto al lugar sagrado que implica el domicilio, las posibilidades de que la persona de alguna manera esté o no ahí, o que esté y te diga no entres, todo esto hace muy compleja la operativa. Existen de hecho una cantidad de dificultades para ese control específico.

¿Se han reunido con los autocultivadores que denuncian estos procedimientos policiales?

Sin duda que lo complejo de la normativa hace que se generen muchas consultas desde el cuerpo judicial para entender determinadas terminologías o temas que pueden generar complejidades para determinar si algo está bien o está mal. Estamos trabajando para, a partir del año que viene, hacer cursos de capacitación al sector jurídico sobre la normativa vigente, para así tratar de mitigar esos temas, generar conocimiento, explicar. Si uno no está metido en el tema, se generan estas dificultades, y eso termina haciendo que se den situaciones injustas.

Otro de los cometidos del Ircca son las campañas de concientización respecto al consumo de cannabis, ¿cómo se administran los recursos humanos y el presupuesto del Ircca para abocarse a esto?

El presupuesto que le asignamos en 2022 a la campaña de medios fue un presupuesto muy importante e intentaremos continuar más adelante con lo que hicimos este año: trabajar en los talleres de capacitación, tratar de ver cómo podemos hacer para seguir con la campaña de “Saber previene”, en la que explicamos que si vas a consumir hay que saber los problemas o los alcances que puede tener el consumo. Hay una cantidad de cosas de las que hay que ser conscientes y esa es un poco la lógica que estamos intentando seguir.