El anuncio anticipado de la renuncia del alto funcionario antidrogas del Departamento de Estado de Estados Unidos plantea nuevas preguntas sobre el futuro de los esfuerzos antinarcóticos estadounidenses en Latinoamérica, en medio de la incertidumbre sobre las preferencias políticas de la administración del presidente Donald Trump.

William Brownfield, quien se desempeña como subsecretario de la Oficina de Asuntos Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley (INL por sus iniciales en inglés) desde enero de 2011, les comunicó a los funcionarios del Departamento de Estado que dimitiría a finales de septiembre, según informó Foreign Policy el 27 de agosto.

El fiel funcionario del Departamento de Estado al parecer hará parte de lo que el medio de noticias llama un “éxodo que está conduciendo a la pérdida de los más experimentados diplomáticos de carrera de Estados Unidos”, en medio de recortes presupuestarios planificados y de cambios estructurales que han creado tensiones en las relaciones entre el aparato diplomático de Estados Unidos y la Casa Blanca.

Brownfield, quien previamente se había desempeñado como embajador en Colombia, Venezuela y Chile, ha sido partidario de las medidas antinarcóticos tradicionales enfocadas en las actividades de interceptación y erradicación.

“Él ha luchado tenazmente contra las drogas y en general ha sido un ferviente seguidor de la doctrina tradicional de erradicación [e] interceptación de las drogas, el mismo tipo de medidas que quienes luchan contra las drogas han estado utilizando durante tantas décadas”, dijo Sanho Tree, experto de la política antidrogas adscrito al Instituto de Estudios Políticos (IPS por sus iniciales en inglés), quien ha seguido la carrera de Brownfield durante años.

Otros expertos consultados por InSight Crime no ponen en duda el compromiso de Brownfield con estas políticas de base, y además le acreditan el haber ampliado el enfoque de la lucha contra las drogas por parte de Estados Unidos más allá de lo policivo, para incluir enfoques más holísticos en esta labor.

Lo que es innegable es que durante la gestión de Brownfield hubo una importante evolución en las políticas antinarcóticos de Estados Unidos en los últimos años. La pregunta ahora es qué viene a continuación.

Un doble legado

Durante el periodo de seis años de Brownfield como director del INL se presentaron cambios importantes en las políticas de Estados Unidos en la lucha contra las drogas en el extranjero, y se desarrolló lo que algunos han llamado la “doctrina Brownfield“.

En vez de implementar ciegamente los tratados internacionales para el control de las drogas, considerados por muchos como demasiado anticuados o centrados en el trabajo de los organismos de seguridad, el director del INC apostó por un enfoque más flexible e integral frente al tema del tráfico  transnacional de drogas.

“Las cosas han cambiado desde 1961”, dijo Brownfield en un discurso de 2014 ante las Naciones Unidas, refiriéndose al año en que el organismo internacional adoptó la Convención Única sobre Estupefacientes, la columna vertebral del régimen de control de las drogas a nivel internacional.

“Debemos ser lo suficientemente flexibles como para poder incorporar esos cambios en nuestras políticas […], tolerar las diversas políticas nacionales frente a las drogas, y aceptar el hecho de que algunos países tienen enfoques muy estrictos frente a las drogas, mientras que otros legalizarán diversos tipos de drogas”, añadió.

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Sin embargo, este tipo de retórica a veces parecía reñir con las manifestaciones concretas de la política antidrogas estadounidense durante la gestión de Brownfield.

Por ejemplo, él le dijo a the New York Times en 2012 que sería un error hacer caso omiso de los llamados aspectos “blandos” del control de las drogas.

“Una política de drogas exclusivamente ‘de línea dura’ tenderá a fracasar […] Tiene que haber un lado positivo: proporcionar medios de subsistencia alternativos, clínicas, carreteras —el tipo de cosas que realmente les permiten a las comunidades pobres intervenir en su futuro para que no se involucren en el narcotráfico”, dijo Brownfield.

Pero también elogió la cooperación de Estados Unidos con la policía y el ejército de Honduras en los intentos por interrumpir el tráfico de drogas a través del país centroamericano, a pesar de que una operación dirigida por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) en ese momento causó un escándalo en Honduras debido a la muerte de varios civiles en un ataque aparentemente mal conducido.

Y en otras ocasiones Brownfield instó a las naciones aliadas de Estados Unidos a sumir posturas más estrictas en cuanto al control de las drogas.

Por ejemplo, en una reciente audiencia del Congreso, advirtió que podrían surgir “problemas bilaterales” si las autoridades colombianas no implementaban medidas de mano dura para erradicar el creciente cultivo de coca, que ha contribuido al aumento de la producción de cocaína.

Aunque Brownfield destacó la necesidad de incentivar “la participación en los programas de sustitución de cultivos del gobierno”, también llamó a los funcionarios colombianos a “limitar el número de acuerdos de erradicación voluntaria a los que lleguen”. Y refiriéndose a las protestas de los cocaleros por las erradicaciones, sugirió proveerles mayor autoridad a las fuerzas de seguridad para que utilicen la fuerza en el curso de los programas de erradicación.

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Tree, el miembro del IPS, criticó el apoyo de Brownfield a este tipo de políticas. Sin embargo, también reconoció que el diplomático no creó el marco de la política antidrogas que ha estado vigente por décadas, sino que más bien lo heredó. Y otros poderosos actores, como el Congreso de Estados Unidos, también han jugado un papel importante en su desarrollo.

Michael Shifter, presidente de la organización sin ánimo de lucro Inter-American Dialogue, hizo comentarios similares. Él reconoce que “hubo un divorcio entre gran parte de la retórica y lo que en efecto se ha hecho”, aunque agregó que cree que esto ha sido más bien el resultado de barreras burocráticas que la falta de acción de Brownfield.

“Creo que él entendía la importancia de un enfoque amplio [aunque] hacía hincapié en las políticas tradicionales”, le dijo Shifter a InSight Crime.

Eric Olson, director adjunto del Programa Latinoamericano del Wilson Center, le dijo a InSight Crime que, aunque en efecto Brownfield era  un “ferviente seguidor” de las medidas tradicionales en la lucha contra las drogas, durante su gestión en el INL también se ampliaron los esfuerzos antinarcóticos, lo cual incluyó el fortalecimiento de los organismos locales de seguridad y de justicia.

“Él fue una figura transicional en el INL. Durante cierta época el INL sólo se enfocaba en los narcóticos, mucho más en el ‘IN’ [Narcóticos Internacionales] que en la ‘L’ [la Aplicación de la Ley]”, dijo Olson.

¿Y ahora qué sigue?

Dado el aumento del consumo de cocaína y de las sobredosis, así como del creciente número de muertes relacionadas con la crisis de opiáceos en Estados Unidos, la política antidrogas ha vuelto a tomar un lugar central en las conversaciones políticas en Estados Unidos. Pero hasta el momento la administración Trump no ha formulado un enfoque coherente frente al tema, y el anuncio de la renuncia de Brownfield genera más incertidumbre sobre el futuro de la política antidrogas de Estados Unidos en Latinoamérica.

Tree dijo que es poco probable que el posible sucesor de Brownfield durante la administración Trump continúe con el legado del actual director del INL, que aboga por estrategias más holísticas frente al problema de las drogas, especialmente dada la aparente preferencia de esta administración por asumir una dura postura frente a las cuestiones de seguridad. De hecho, Tree señaló la posibilidad de que los actores a favor de las medidas antinarcóticos tradicionales aprovechen la actual crisis institucional en el Departamento de Estado y el contexto de inestabilidad política en la Casa Blanca para buscar posiciones más altas a raíz del retiro de Brownfield.

“Las cosas continuarán como están o cambiarán para empeorar […] en términos de políticas más tolerantes o progresistas”, dijo Tree.

Tanto Olson como Shifter dijeron que sospechan que la política antidrogas de Estados Unidos en Latinoamérica permanecerá en “piloto automático” después de que Brownfield se retire, como resultado de la inercia burocrática y de otros factores que tienden a atentar contra los cambios repentinos y drásticos frente a las políticas de seguridad nacional de larga data.

Se ha especulado que Brownfield podría estar dejando su puesto en el INL para asumir el puesto de Secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, donde se concentrará específicamente en América Latina, pero menos específicamente en el tema de las drogas. Sin embargo, un “alto funcionario” que habló con el medio de noticias Foreign Policy bajo condición de anonimidad dijo que era “poco probable que Brownfield […] asumiera otros altos puestos en esta administración.”