En la provincia de Jujuy, Argentina, evalúan la posible legalización de la importación de hoja de coca desde Bolivia, debido a la demanda del producto en el norte del país vecino. La autoridad jujeña afirmó que buena parte de los contagios de la región se deben a que la gente cruza la frontera con Bolivia para comprar la hoja tradicional del arbusto. “Si no paramos eso estamos en la parrilla, porque nos van a pasar más casos (de coronavirus). Paremos el tema de la (venta de coca) porque eso es lo que está generando el paso hormiga de los que van para el negocio de la venta de coca”. (Véase también: Un nuevo secuestro de hojas de coca)

El estado colombiano lleva décadas tratando de eliminar los cultivos ilícitos, pero la extensión del cultivo de coca continúa cerca de sus máximos históricos. Las 169,000 hectáreas cultivadas en el 2018 ubican a la coca entre los 10 cultivos no-transitorios más grandes del país, según el censo nacional agrícola. Esto significa que los billones de impuestos gastados en erradicación y glifosato, la degradación ambiental en zonas de mega-biodiversidad, y la pérdida de incontables vidas, no han bastado para reprimir ni el cultivo de cocani el narcotráfico que lo alimenta. El camino hacia el cambio de estrategia es la investigación e innovación de los usos de la coca en asocio con las comunidades cultivadoras e indígenas: las que más han sufrido los flagelos del narcotráfico y la política de drogas.

En 1961, la Convención Única sobre Estupefacientes de Naciones Unidas dispuso “que la masticación de la hoja de coca quedará prohibida dentro de los 25 años siguientes a la entrada en vigor de la presente Convención”. El politólogo neerlandés Martin Jelsma, una de las mayores autoridades en políticas internacionales con respecto a las drogas, dice que con el retiro y posterior reingreso de Bolivia en la Convención del 61 (con la reserva sobre el masticado de coca), se debatió más la relación entre derechos humanos y de pueblos indígenas y las políticas de drogas.

Como lo había adelantado ya en la sesión anterior el senador Martín Arjona, se dio media sanción en la tarde de ayer al proyecto de ley por el cual se crea en el ámbito de la provincia de Salta, el Registro Público de distribuidores y expendedores de hojas de coca en estado natural. La iniciativa, que contaba con dictamen de la Comisión Especial para el estudio integral de la regulación del abastecimiento y comercialización de la hoja de coca, tiene por objeto establecer un marco regulatorio para la importación, acopio, fraccionamiento y venta con fines de uso doméstico de esa hoja de uso ancestral en la provincia. El senador explicó que con esta ley se inicia el camino a la normalización de la venta de esa hoja, y es “un paso hacia la legalización”.

"El pacto social es para acordar una erradicación voluntaria, pacífica y progresiva de los cultivos de coca y el compromiso de no resembrar", señala el nuevo jefe de la política antidrogas del Perú, Ricardo Soberón, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Vida sin Drogas (Devida). “Este pacto social tiene tres niveles: un acuerdo con los cocaleros y sus organizaciones, un segundo nivel con las municipalidades locales y gobiernos regionales, y un tercero con la población de esos lugares. A cambio les ofrecemos a los agricultores un programa de desarrollo alternativo que llegará oportunamente, asistencia directa a través de la entrega de bienes, insumos, equipos, asistencia técnica, asociatividad, gestión comunal, y también daremos transferencias financieras a los municipios locales."

When Peruvian government forces began eradicating coca leaf, the raw material for cocaine, without warning in a remote corner of Peru’s principal coca growing region last November, they were met by growers armed with sticks and rocks. The security forces backing the eradication brigades responded by firing bullets and tear gas, seriously wounding five farmers. For 40 years, policies in Peru have prioritised forced eradication of coca leaf under intense pressure from the US government. Weak economies, farmers turned into outlaws, and human rights violations are the result of this militarised crop and drug control strategy.

El senador provincial Martín Arjona presentó un proyecto que será estudiado en la Cámara Alta en Argentina y tiene por objeto establecer un marco regulatorio para la importación de coca, el acopio, fraccionamiento y la venta con fines de uso doméstico y de investigación científica. La iniciativa surgió porque ante la pandemia hubo dificultades en Salta para el abastecimiento de hojas de coca que se obtienen de contrabando desde Bolivia. Arjona sostuvo que esto "ha afectado a todos los salteños que llevan adelante la práctica del coqueo". El precio del kilo de coca ha oscilado entre los 8 mil y 15 mil pesos en la cuarentena.

El consumo de hojas de coca en su estado natural forma parte de la cultura del noroeste argentino y en esta zona del país los acullicos forman parte del paisaje cotidiano. El cierre de las fronteras con Bolivia y el aislamiento social decretado a partir del coronavirus generó desabastecimiento y las pocas hojas que se encontraban alcanzaron un precio imposible para los bolsillos de muchos. En el Senado, un proyecto busca reglamentar la importación de las hojas que ingresan desde Bolivia y registrar a quienes comercializan este producto en Salta. Pero la propuesta que se analiza en Diputado va más allá: propone producir coca en territorio salteño.

Across the world, the state of environmental stress is unprecedented. As scholarship and activism on ‘environmental justice’ points out, poorer and marginalised communities face particular exposure to environmental harms. This holds particularly true for populations in the global South. The role of illicit drugs in relation to these environmental stresses is an underexplored terrain. Yet, as this report will argue, drugs, as well as the policy responses to them, are an environmental issue.

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As a farmer eking out a living in Peru’s central jungle, Rubén Leiva grew one cash crop that seemed immune from global cycles of booms and busts. But the coronavirus pandemic has accomplished what neither other international crises nor a U.S.-backed “war” ever could: a collapse in the price of coca leaf, a natural stimulant that is the building block of cocaine. The great coca crash of 2020 — prices for the leaf in some regions of South America have fallen as much as 73 percent — illustrates the extent to which the pandemic is disrupting every aspect of global trade, including the traffic in illegal drugs. Lockdowns have sealed regional borders and sharply curbed domestic and international transit, challenging the ability of cartels to move product by land, air or sea.

Bolivia is one of three countries in the world that produce the bulk of the world’s coca, the green leafy plant that is the base ingredient for cocaine. And it's the only country where such large-scale production is totally legal—a system seen by some as a future template for legal cocaine production. Now, amid political turmoil, Bolivia’s legal coca industry could be shut down. It’s a move that some worry could lead to the return of drug war bloodshed to this relatively peaceful country. Meanwhile, those currently in power say the legal system is not as legal as it seems, and is feeding into the illegal international cocaine trade.

Los campesinos cocaleros de los Yungas, territorio del norte de Bolivia, bloquean los caminos que los vinculan con el resto del país desde hace seis días. Los distintos cortes han sido fuertemente reprimidos por la policía en diversas ocasiones, pero reaparecen horas después de haber sido dispersados. Las protestas buscan que el Gobierno respete la organización sindical tradicional de la región, que es cuestionada por las autoridades con el argumento de que ha sido penetrada por delincuentes. Durante muchos años todos los cocaleros del país apoyaron a Morales, que también fue cocalero y que continúa dirigiendo los sindicatos de productores de la hoja en otra región, el Chapare, un consenso que se acabó con la aprobación, en marzo de 2017, de la Ley de la Coca.

While marijuana, magic mushrooms, and ayahuasca have all found their way into research labs, coca leaf, the mother of cocaine, seems to be off-limits, despite evidence that the plant is a nutritional powerhouse and potential wellspring of medical cures. “In theory, coca would be eligible for medical uses,” says Pien Metaal of the Transnational Institute (TNI). “But it has never been seriously recognized because of the stigma it has, caused by its content of the alkaloid cocaine.”