Desde finales del año pasado, nueve aviones apaga incendios AT-802 se desplegaron por todo el país. Pedro Arenas teme que vuelvan a volar: "Asumo que podría ser en los próximos meses." El objetivo de los aviones no es extinguir los incendios, sino eliminar un problema que ha estado causando derramamiento de sangre en Colombia durante décadas: la cocaína. Los aviones están llenos del controvertido herbicida glifosato, del que se disponen 800 barriles, según los medios colombianos. Si se reanudan las fumigaciones, "la gente de las comunidades remotas perderá completamente la fe en las instituciones y en el Acuerdo de Paz", dijo Arenas. (Véase también: El ‘déja vú’ de las fumigaciones con glifosato en Colombia)

How can we resolve the tensions between current drug control policies and states’ human rights obligations? The international human rights framework clearly establishes that, in the event of conflicts between obligations under the UN Charter and other international agreements, human rights obligations take precedence. As legally regulated cannabis markets start to grow, now is the time to secure a legitimate place for small farmers using alternative development, human rights and fair trade principles.

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El Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su "beneplácito" al presidente de Colombia, Iván Duque, por la publicación del proyecto de decreto para reanudar la aspersión aérea de cultivos de coca en 2020. El comunicado del Departamento de Estado agrega que "la decisión de emplear fumigación aérea es soberana del Gobierno colombiano. La publicación de este proyecto de decreto es un paso crítico hacia la integración de la erradicación aérea de coca en la estrategia integral antidrogas de Colombia". Por último, recalca que "Estados Unidos apoya los esfuerzos del gobierno colombiano para lograr nuestro objetivo conjunto de reducir a la mitad el cultivo de coca y la producción de cocaína para fines de 2023".

A finales de 2019 el gobierno de Iván Duque presentó el proyecto de decreto para reanudar las aspersiones bajo el argumento de ser el único instrumento para frenar el aumento de cultivos de coca de los últimos años. El 10 y 11 de febrero 2020 tuvo lugar en Bogotá un Diálogo sobre Aspersiones Aéreas y Derechos Humanos, un evento en el que distintas organizaciones no gubernamentales y representantes de diferentes comunidades a nivel nacional se dieron cita para discutir la decisión del gobierno nacional de reanudar las aspersiones aéreas con glifosato para combatir el narcotráfico. 

Apesar del evidente afán del Gobierno nacional por reanudar las aspersiones aéreas con glifosato, más tarde que temprano se hizo público el borrador de decreto con el que se planea responder a los condicionamientos de la Corte Constitucional. El documento cumple con llenar algunos de los requisitos exigidos para que el Estado provea una protección constitucional razonable del derecho a la salud de las comunidades y al medioambiente en zonas donde se fumigaría. Investigadores consultados calculan que 70 por ciento de los cultivos ilícitos está ubicado en territorios en donde no son viables las fumigaciones aéreas, dado que son zonas protegidas, se requiere consulta previa o están fuera del alcance de las avionetas por cuestiones logísticas.

Pedro Arenas, cofundador de Corporación Viso Mutop, un centro de estudios que acompaña comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y que promueve reformas en la política de drogas, explicó que además de perjudicar los bosques circundantes al área de coca que se pretendía eliminar, se dañaban "estanques piscícolas, fuentes de agua, cultivos de alimentos, pastos para ganado y animales de corral, entre otros bienes". Según el experto, que lleva más de 20 años analizando los programas de aspersiones con glifosato y sus impactos en los derechos humanos de las familias cultivadoras de coca, amapola y marihuana, el problema radica en que "la Policía fumiga pero el resto del Estado no llega y por ello los cultivos se trasladan de lugar, duplicándose el fenómeno de la deforestación".

Oposición e independientes radicaron un paquete legislativo para prohibir el glifosato, cambiar la política prohibicionista por un enfoque de salud y cesar la persecución a pequeños cultivadores. Con estos proyectos se consolida una alianza interparlamentaria para replantear la política antidrogas del país. Una perspectiva novedosa que propone un enfoque diametralmente opuesto al del gobierno de Iván Duque. La iniciativa madre de dicha alianza es una reforma constitucional que busca que el enfoque en la lucha contra las drogas abandone la estrategia prohibicionista y asuma la perspectiva de salud pública y prevención del consumo como su bandera.

Pedro Arenas is afraid that they'll take flight again. "I expect it could be within the next months," he says. Since the end of last year, nine AT-802 firefighting aircraft have been deployed throughout the country. But their mission is not to put out fires. The planes are trying to eliminate a problem that has been causing bloodshed in Colombia for decades: cocaine. The planes are loaded with the controversial herbicide glyphosate. According to Colombian media, nearly 800 barrels of the chemicals are in stock from a Chinese manufacturer. If spraying resumes, "people in the remote communities will completely lose faith in the institutions and the peace process," Arenas believes. (See also:  The ‘deja vú’ of aerial crop spraying in Colombia)

El presidente Iván Duque anuncía la expedición del decreto que regula la aspersión aérea con glifosato, con miras a retomar esta que pareciera ser la estrategia antidroga más contundente del Gobierno. Se trata de la expedición del decreto que contiene el marco normativo para controlar el riesgo para la salud y el medio ambiente del uso del glifosato como estrategia para destruir los cultivos de uso ilícito en el país. Aunque la iniciativa de retomar la aspersión, que fue suspendida por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) en 2015, ha sido ampliamente criticada por organizaciones sociales, al parecer, todo apunta a que el país volverá a esta modalidad de erradicación. (Véase también: Examen al decreto del glifosato: ¿cumple con las órdenes de la Corte Constitucional?)

El presidente Iván Duque se refirió desde Londres a la necesidad de retomar la aspersión aérea con glifosato sobre cultivos ilícitos. Según dijo el primer mandatario es algo que "se requiere, toda vez que hay lugares del territorio que son de difícil acceso". El ministro de Defensa, Guillermo Botero, le hizo eco a la propuesta y explicó que, aunque el tema debe primero tener el visto bueno del Consejo Nacional de Estupefacientes, esa aprobación es "cuestión de semanas" y se retomaría el uso del herbicida en el mes de julio de este año. Sin embargo, el uso del glifosato también está frenado por la vía judicial en un tema que todavía no se ha definido. (Véase también: El estudio que raja al glifosato en la Corte | Glifosato, se reabre la polémica en Colombia)

En una rueda de prensa de ayer 9 de junio, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en cabeza del representante Pierre Lapaque, reportó una reducción del 7% en el área sembrada con coca en Colombia, entre 2019 y 2020. En diálogo con este diario, Lapaque asegura que los números siguen bajando con el tiempo, que el gobierno de Iván Duque podría pensar en alternativas diferentes a la aspersión aérea con glifosato y que las instituciones deben ofrecer una “opción de vida mejor” a los excocaleros del país. (En contexto: La UNODC reportó reducción de siembra de coca en el país en un 7% teniendo 143 mil hectáreas activas)

La decisión del Gobierno de Iván Duque de regresar pronto a las fumigaciones aéreas como estrategia contra los cultivos de coca sigue en el limbo. La Corte Constitucional colombiana decidió mantener las mismas condiciones que impuso hace dos años para volver a las aspersiones con el herbicida, considerado potencialmente cancerígeno. Pero el impacto de esta decisión aún no es claro y algunos expertos creen que abre una puerta al retorno de las fumigaciones aéreas. El alto tribunal decidió no modificar la sentencia de 2017, que restringió las aspersiones. “No hay nuevas condiciones, son las mismas, lo que hace la Corte son precisiones. No hay modulación. No hay modificación.” (Véase tambien: Gobierno creará protocolo para retomar aspersiones con glifosato)

El representante en Colombia de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Pierre Lapaque, entregó al presidente Iván Duque el informe sobre el monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia en 2019, que arrojó una disminución del 9 por ciento de los cultivos de coca frente al año 2018. Lapaque afirmó que esa es una muy buena noticia y destacó el papel de la Fuerza Pública en la erradicación forzada. "Desafortunadamente Colombia tiene el 70 por ciento de la hoja de coca a nivel mundial. Si se trabaja solo con la voluntaria, se va a demorar mucho tiempo para ver un resultado rápido. Por eso la erradicación forzada es una decisión necesaria, porque va a tener un impacto rápido con el riesgo de la resiembra."

No one knows with confidence how many small-scale cannabis farmers there are in South Africa, but the number is large: one organisation estimates 900,000. Millions of people probably depend on income from cannabis. In Pondoland, these growers have been cultivating the plant for over 200 years, with most of their harvest in more contemporary times bound for Cape Town townships and taxi ranks, as well as other South African cities. Pondoland is among South Africa’s least economically developed regions, and dagga is the only cash crop in a subsistence economy. There have been a number of failed efforts to eradicate the plant from the area.

Hace poco el presidente Iván Duque celebraba la reducción en el número de hectáreas de hoja de coca cultivadas. Sin embargo, también se informó sobre un aumento en la producción de cocaína. Es decir, los procesos del narcotráfico se están volviendo más eficaces. Eso no es un síntoma de una batalla que estemos ganando. Creer que el glifosato va a ser la solución mágica para frenar el incremento del tráfico ilícito de drogas, que está financiando la violencia en el país, es seguir apostándole a una estrategia fallida. Debemos insistir: las aspersiones atacan a las poblaciones, rompen los lazos del Estado con sus comunidades más necesitadas, no les hacen mella suficiente a los narcotraficantes y el país seguirá asfixiado por la coca.

La decisión de enviar soldados estadounidenses a Colombia con el pretexto de ayudar en la lucha contra el narcotráfico es problemática, ya sea como una faceta de la estrategia de seguridad de ambos países o en conexión con las iniciativas más amplias contra Venezuela. El 28 de mayo, el Comando Sur de Estados Unidos (SouthCom) anunció mediante un comunicado que su Primera Brigada de Asistencia en Seguridad (SFAB, por sus siglas en inglés) apoyaría una “mayor cooperación antinarcóticos” en Colombia, sin límites en su despliegue. Existe la preocupación de que esas medidas de línea dura lleven inevitablemente al retorno de la aspersión aérea con el controvertido herbicida glifosato.

Mientras el presidente Petro daba su discurso ante las Naciones Unidas en el que pidió cambiar el enfoque en políticas de drogas, en Colombia se intensificaban los operativos de erradicación forzada de coca y uso de glifosato. Desde su posesión, se han erradicado más de 7.000 hectáreas. Según le confirmaron la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (Diran) y el Ministerio de Defensa, la erradicación forzada no se ha suspendido. “La paz total no se logra con glifosato ni represión”, dicen las comunidades. Ante la situación, los campesinos tienen contemplado volver a las jornadas de paro del año pasado.

¿Cuál es el futuro de la política de drogas de Colombia? Esta es una de las preguntas principales de cara a las elecciones de 2022. ¿Habrá cambios en la concepción nacional en términos de lucha contra el narcotráfico, consumo legal, intervención en los territorios y prohibicionismo? Para darle respuesta a esos interrogantes, la Universidad de los Andes dio lugar a un debate para que los precandidatos presidenciales expresen sus propuestas y visión de cómo sería una política de drogas en un posible mandato. De acuerdo con las declaraciones de los precandidatos, cómo abordar la política de las drogas sigue siendo el centro de la discordia entre las diferentes propuestas de los participantes.

Poppy cultivation in Mexico and Colombia is part of a local economy geared almost exclusively toward the illegal market abroad: it is driven by demand for heroin, primarily in the United States. North America, including Canada, is currently experiencing a major humanitarian crisis related to this use and the opioids circulating on this market. To understand the dynamics of this market and to evaluate whether political responses to the phenomenon are appropriate and effective, we present this report on opium poppy cultivation in Mexico and Colombia, which, together with Guatemala, are the poppy-producing countries of Latin America.

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Across the world, the state of environmental stress is unprecedented. As scholarship and activism on ‘environmental justice’ points out, poorer and marginalised communities face particular exposure to environmental harms. This holds particularly true for populations in the global South. The role of illicit drugs in relation to these environmental stresses is an underexplored terrain. Yet, as this report will argue, drugs, as well as the policy responses to them, are an environmental issue.

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