Sembradores de mariguana en cinco comunidades de Tamazula, Durango, acordaron liberar el cultivo y explotación de sus plantas para destinarlas a fines medicinales y lúdicos. Con esto, el Plan Tetecala, iniciativa social que impulsa a los pueblos cannábicos, localidades con siembra legal de la planta para producirla, transformarla, distribuirla y consumirla libremente, fue aceptado por primera vez en el Triángulo Dorado, la región compartida por los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa que históricamente ha concentrado la mayor parte de los cultivos ilícitos de mariguana y amapola en México. En una asamblea realizada el 3 de noviembre, 89 representantes de poblados se adhirieron a dicha estrategia, la cual nació formalmente el 27 de noviembre de 2021 en Tetecala, Morelos, con el impulso de ejidatarios locales y colectivos cannábicos de diversos estados.

En 2017 se puso en marcha el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), mecanismo central del punto cuatro de los Acuerdos de La Habana, firmados entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc para “solucionar el problema de las drogas ilícitas”. Para muchos campesinos el PNIS fue un trozo de esperanza, pero mientras en las ciudades y los cascos urbanos de los municipios se socializaron y debatieron los componentes del programa, muchos campesinos no supieron mayor cosa. Durante el último año nueve personas han sido asesinadas en operativos de erradicación forzada de cultivos de coca en Colombia. Ante la ausencia de alternativas, hoy las movilizaciones campesinas continúan en varios departamentos del país.

How can we resolve the tensions between current drug control policies and states’ human rights obligations? The international human rights framework clearly establishes that, in the event of conflicts between obligations under the UN Charter and other international agreements, human rights obligations take precedence. As legally regulated cannabis markets start to grow, now is the time to secure a legitimate place for small farmers using alternative development, human rights and fair trade principles.

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El alcalde de Chichihualco, Ismael Cástulo Guzmán, advirtió que en los pueblos de la Sierra Madre del Sur habrá hambruna debido a la baja del precio de la goma de opio y que sólo en su municipio resultarán afectados unos 15 mil campesinos. Es lamentable lo que está pasando en la sierra porque se pensaba que la amapola (de la que se extrae goma de opio) dejaba dinero, pero ahora trajo pobreza y desgracia. El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y el Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (Fupceg) propusieron legalizar la mariguana. Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan, afirmó que legalizar podría ayudar a paliar los problemas en la región de la Montaña, entre ellos la violencia intercomunitaria, que las autoridades han dejado de lado.

La mala noticia del momento es que ya no hay 96.000 hectáreas de cultivos de coca en el país, que era la cifra oficial de 2015. En el gobierno los más optimistas calculan que hoy abarcan 150.000 hectáreas, y los pesimistas que pueden ser 200.000. Esto es una bomba de tiempo, y el factor potencialmente más negativo para consolidar la paz. La buena noticia es que ya están en marcha dos estrategias: la erradicación forzada y la sustitución de cultivos tal y como se pactó en La Habana. La meta en 2017 es reducir en 100.000 hectáreas el área cultivada. Un objetivo loable, pero ambas estrategias avizoran dificultades poco halagüeñas.

Dagga growers in Lusikisiki in the Eastern Cape are far from happy that the “holy herb” has been legalised for personal use, saying their businesses will suffer. Now that people are allowed to grow dagga in their own back yards, they would not longer need to buy it from growers. “This might sound strange, but when people were celebrating the legal use of dagga, it was a setback for me as I’m someone who sells it. Now it’s a free-for-all, so who will want to buy it from someone else when they can grow it themselves and smoke it at their own convenience?” he asked. “I have a big garden that most people in urban areas don’t have. So if I plant two hectares of dagga in my garden here for personal use, would that be allowed? There is so much that we still don’t know about this court decision.”

Despite the far-sighted rulings by Judge Dennis Davis and two colleagues in the Cape High Court, and then the unanimous Constitutional Court, that allowed private use of cannabis, the state of dagga legislation in South Africa remains similar to that of alcohol during US prohibition.These are some of the common consequences: small-scale growers are constantly in skirmishes with the law, poor people end up in prison for selling, dangerous gangs form to enforce some order on the trade outside the law, and high-placed officials in justice administration become enmeshed in corruption, damaging the entire state. Prohibition, which for decades has criminalised people trying to make a meagre living, should end.

Andre De Caires of  the Cannabis Movement of St. Lucia is not satisfied with the pace at which the recently formed Cannabis Commission is working. The commission’s mandate is to “consult and provide advice on the design of a legislative and regulatory framework for cannabis”.  A workshop in St. Vincent and the Grenadines, facilitated by the Transnational Institute brought together activists and farmers’ representatives from across the region. Discussions centred on management of the cannabis industry in the face of the enormous influx of investment money from cannabis companies “that do not exactly share the interest of the farmers, and the development of the islands as their first priority”.

El derecho al uso de cannabis “efectivamente se debe proteger”, pero brindando la opción de que el suministro sea por organizaciones campesinas en sociedad con el Estado, señaló la Federación de Organizaciones Civiles Mariguana Liberación. Luego de que comenzó a circular el predictamen de ley para regulación del uso de la cannabis, cultivo y comercialización de la droga, indicó que “el autocultivo” discrimina a más del 80 por ciento de la población usuaria de cannabis que no puede o no quiere sembrar en su propio domicilio. Además no permite ingresos públicos o fiscales asignables a los sectores salud y campesino”. (Véase también: Welcome to Tijuana: mariguana para las transnacionales| Regulación por la Paz: Posicionamiento ante el proceso regulatorio de la cannabis)

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró ante la bancada de Morena en el Senado, que la despenalización del cannabis favorecerá a los campesinos mexicanos, puesto que dejarán de estar sometidos por el crimen organizado; propone que se les permita la siembra y venta de la planta. La titular de Segob recordó que el Congreso de la Unión tiene hasta el 30 de abril para derogar o modificar los artículos declarados inconstitucionales de la Ley General de Salud, por lo que planteó situaciones que se deben resolver, como los permisos de siembra y cosecha, si la venta será pública o privada, qué modelo regulará las ventas y si se requiere de un ente público que regule o ya existe uno a quien se le pueda encomendar esta tarea.

Comisarios informan que en menos de dos meses militares erradicaron 500 hectáreas de siembra de amapola en la zona de influencia de la Policía Comunitaria de Tlacotepec, en medio de una crisis que devaluó el precio por kilogramo de la goma de opio de 8 a 4 mil pesos, y que los tiene en total abandono frente a la pobreza en esas comunidades. Autoridades de 11 comunidades demandan al Senado un proyecto de impacto para la región para sembrar plantas frutales en mil hectáreas. Ofrecen reducir el 75 por ciento de la producción de la planta ilegal. (Véase también: El 79% de la amapola que Sedena destruyó en 2018 es de Guerrero, y de sus zonas con más pobreza)

Por mandato de la Suprema Corte de Justicia, el Congreso mexicano debe regular el uso personal adulto de la marihuana. Sin embargo, no ha logrado articular un proyecto que satisfaga a los usuarios, los empresarios y los cultivadores. Dicho mandato de la Corte debía cumplirse antes de que se acabara el mes de octubre. Pero después de numerosos foros, discusiones e iniciativas de ley que surgieron desde todos los espectros políticos, el plazo se venció sin ningún proyecto aprobado. El 24 de octubre la Comisión de Justicia del Senado solicitó a la SCJN una prórroga para sacar adelante la reforma y la Corte se la otorgó, de manera excepcional, hasta el 30 de abril del 2020.

La realidad supera los prejuicios. Mientras la guerra de la cocaína sigue dejando víctimas y violencia en los territorios, a la vista de todos se abre paso en Colombia uno de los grandes negocios del siglo XXI: la industria del cannabis. Por las realidades del conflicto, la marihuana todavía se refiere como droga. Aunque la ley admite la siembra y comercialización de cannabis con fines medicinales, sigue en la línea de la restricción al uso recreativo. En una vasta región de la cordillera central, crece a sus anchas la economía del cannabis. Hoy constituye el sustento de muchas familias del norte del Cauca. La legalización de la marihuana medicinal los dejó fuera del negocio, pero esperan que la regulación para uso adulto les permita participar.

Ganja growers and producers say regulations to the updated Dangerous Drugs Act (2015) are too stringent and pose a major impediment to those who represent the backbone of the industry, and, by extension, its development. Vice-president of the Ganja Growers and Producers Association of Jamaica (GGPAJ) Maurice Ellis, who is also an executive member of the Jamaica Licensed Cannabis Association (JLCA), argues that the GGPAJ has been pushing for changes to some of the barriers to entering the industry. The small farmers are at a vast disadvantage as a result of the extensive nature of the rules laid down in law. “When it comes on to the small farmer he's not being left behind; he's actually being left out." (See also: Cannabis Authority taking steps to meet growing demand, says Green)

Small-scale cannabis farmers in the rural parts of the Eastern Cape are feeling the pinch of obtaining farming licences. This is particularly difficult for a 27-year-old farmer who has been involved in the cannabis industry for the past four years. Originally from Mcobothini, in Lusikisiki, the farmer has managed to find a secluded area where he plants approximately 500 trees of cannabis annually with plans to expand his production. “Obtaining cannabis farming licences has proven to be more difficult than I thought, but they have promised to come up with a way forward,” he said. He said another problem is that licences are only issued to cooperatives — and not to individuals.

Ganja growers are calling on the Cannabis Licensing Authority (CLA) to clarify the conditions under which cannabis has been exported from Jamaica, even before the passage of the import/export regulations that are still in draft. “Some companies have been allowed to export and there is confusion as to whether it's samples for testing, or it's for export. There is nothing on the CLA website to guide how do you get this special permission for export,” acting programme director of the Ganja Growers and Producers Association Jamaica Paul Burke said. He said the cannabis growers continue to push for a moratorium, to allow traditional farmers to get involved in the regulated industry.

The Ganja Growers and Producers Association Jamaica (GGPAJ) has called for an immediate two-year incentive programme for marijuana cultivators, especially for small, traditional, Rastafarian and indigenous farmers, many of whom have been excluded from the Cannabis Licensing Authority (CLA)-regulated industry. Richard Crawford, president of the GGPAJ, made the call at the seventh anniversary of the approval of the Dangerous Drugs Amendment Act. "It is is socially, morally, culturally and economically wrong that those persons constituting the small and traditional ganja cultivators.. who were hounded, beaten, prosecuted, arrested, convicted, criminalised for growing ganja.. are being left behind."

Large-scale cannabis cultivation in Albania dates to the early 1990s, not long after the fall of the country’s Communist dictatorship, when the parlous state of the Albanian economy led to widespread civil unrest in 1997. Penetrated by ever more powerful criminal gangs, the industry reached a peak in 2016, when Albania was one of the biggest producers in the world. For years, Albania has been considered the largest producer of outdoor-grown cannabis in Europe and the geographic position of Albania – its proximity to Greece and Italy – has stimulated the cultivation of cannabis over the years. With the aid of Italian aerial reconnaissance flights between 2013 and 2019, authorities identified 613 hectares of land planted with cannabis.

The Ganja Growers and Producers Association (GGPA) welcomed the start of the consultation process for the special permit policy for the cannabis industry. The Cannabis Licencing Authority (CLA) said it had begun meeting with stakeholders on the Cultivator's (transitional) Special Permit Policy. The policy is geared towards transitioning small or subsistence farmers who currently find it challenging to obtain a licence to enter into the medical cannabis industry. While the GGPA welcomed the development, the association said it was alarmed that it was not consulted about the policy. The association noted that it has over 4,000 registered members of which over 600 are currently active.