La participación de Bolivia en la cadena internacional del tráfico de drogas quedó determinada por un serie de factores que van desde la tradición de cultivo y consumo ancestral de la hoja de coca en el país hasta la pobreza endémica de la población, cuyo PIB per cápita no supera los mil dólares estadounidenses, y la debilidad estructural de las instituciones estatales.

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La actividad económica en torno a la hoja de coca, sea legal o ilegal, se reconoce no sólo en las más de 45.000 familias campesinas que se mantienen de su cultivo, sino además en las miles de personas que anualmente son privadas de libertad por involucrarse en el procesamiento y transporte de los derivados ilegales de la hoja de coca. Es la respuesta de un país que tiene altas tasas de desempleo y subempleo, y un salario mínimo que no alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos.

No obstante esta relación drogas-pobreza, el Estado boliviano y la comunidad internacional han buscado frenar el fenómeno a través de políticas de naturaleza eminentemente represiva, en las que la erradicación forzada de cultivos y la interdicción al tráfico ilegal de la coca y sus derivados comportan con frecuencia violaciones sistemáticas de los derechos civiles y humanos.

Esta investigación tiene como objetivo mostrar las repercusiones de estas políticas en la sociedad boliviana, humanizando la cara de los reclusos por drogas y mostrando el impacto real de las políticas de drogas en sus vidas, sus familias y en las organizaciones delincuenciales. El propósito es mostrar la necesidad de hacer reformas a la Ley 1008 que aproximen la legislación a la realidad. Hay que evitar que la legislación sobre drogas incremente la pobreza, atente contra los derechos humanos y vulnere a la población frente al delito.

El estudio de Bolivia se basa en una encuesta realizada a 130 reclusos del penal de varones de San Pedro, en la ciudad de La Paz, además de otros datos oficiales. Hemos partido de la hipótesis central según la cual, y al igual que en el resto de América Latina, la crisis del hacinamiento en las cárceles de Bolivia tiene una relación causal directa con un modelo de política de drogas en el que la aplicación de un derecho penal desproporcionado es atentatorio contra los derechos humanos fundamentales.

La actual ley de drogas en Bolivia (Ley 1008) no establece una diferencia entre narcomenudistas y narcotraficantes mayores, de modo que, sin contemplarse el volumen de droga implicada en los casos, las penas van desde 1 año para productores de plantas controladas hasta 25 años por tráfico, este último, un tipo penal que guarda serias ambigüedades en su definición. Se trata de una confusión en la ley que se ve reflejada en la estructura de la población carcelaria del país. 

“La falta de claridad en la ley permite que alguien que trabajaba como  obrero dentro de la cadena del narcotráfico, de pronto sea tratado del mismo modo o peor que un gran narcotraficante”, dice Diego Giacoman, investigador del capítulo de Bolivia del estudio de TNI y WOLA. Justamente esta es la realidad que refleja Mario, una pisa-coca encarcelado en la prision de San Pedro, en su video testimonio.  Este video, que dura 5 minutos  y que es lanzado hoy, forma parte de una serie de videos grabados por WOLA y TNI mostrando el rostro humano de la guerra contra las drogas. Los videos pueden ser usado por la prensa y televisoras e incorporados en las versiones en línea de los periódicos. 

Adicionalmente, el estudio muestra cómo es que el delito se vincula con la problemática de la pobreza. El 60 por ciento de los entrevistados afirmó que no ganaba más de 300 dólares mensuales antes de entrar a la cárcel. “Las cárceles bolivianas reflejan la pobreza del país en algunas de sus facetas más crudas”, dice el investigador Giacoman. A su vez, este perfil de pobreza coincide con el hecho de que la mayoría de los encuestados pertenecían a los eslabones más débiles, pobres, vulnerables y fácilmente sustituibles en la cadena el narcotráfico. 

Adicionalmente, el estudio hace incapié en las condiciones deplorables de las prisiones. Según un informe presentado por la Dirección General de Régimen Penitenciario, a principios de 2006, la población penitenciaria era de 7.782 internos, de los cuales cerca del 45 por ciento estaba recluida por delitos conexos ha drogas. Para alimentar a esta población de reclusos, Bolivia destina menos de 80 centavos de dólar diarios per capita. Adicionalmente, la encuesta resalta  que el acceso a una celda en el penal de San Pedro, como ocurre en los otros penales importantes del país, no es gratuito para los reclusos. En la sección más cara, los precios de las celdas oscilan entre los 6.000 y 8.000 dólares, mientras que, en la sección más deteriorada, las celdas no superan el precio de 150 dólares estadounidenses. En general, la situación de precariedad también incide en los procesos que los reclusos atraviesan al interior de los penales, los cuales, en la mayor parte de los casos, tienden a facilitar un mayor involucramiento de los detenidos con las redes de tráfico y el consumo de drogas ilegales, en lugar de habilitarse para su reinserción a la sociedad. Estas particularidades y otras del régimen penitenciario se presentan en la referida investigación. 

El Gobierno del Presidente Evo Morales ha anunciado su intención de eliminar la Ley 1008 y reemplazarla con dos leyes distintas: una sobre la coca y otra sobre sustancias controladas. “Con la primera se espera resaltar la importancia de la revalorización de la hoja de coca para el pueblo boliviano y definir los límites para su cultivo y aprovechamiento legal. Entre tanto, con la segunda ley los debates llevados adelante parecen indicar que se fortalecerá el modelo de interdicción, sin tomarse en cuenta, otros elementos de orden social como la reinserción de reclusos, la prevención del delito o el tratamiento especializado de consumidores problemáticos”, concluye Giacoman. “Sin embargo, existen maneras de conciliar la lucha contra el narcotráfico y la protección a los derechos civiles, por ejemplo, al precisar el contenido de las leyes para impedir los daños colaterales que actualmente existen con las medidas de interdicción”, son algunos de los elementos de análisis que plantea Giacoman. “Una sola visita a la cárcel le permite a uno concluir que urge hacer algo”. 

Para más información:

– Sobre el estudio de Bolivia:  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., en Bolivia: +(705) 878-82
– Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., Coordinadora de Comunicaciones, en Estados Unidos: +(617) 584-1713.
– Visite nuestra video serie de 5 minutos mostrando el perfil de las personas encarceladas por drogas.

Sistemas sobrecargados: Un estudio sin precedentes que compara las leyes de drogas y los sistemas carcelarios de ocho países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.