Recientemente se ha vuelto a poner en marcha la discusión sobre cannabis en el Senado de la República y nuevamente se evidencian las contradicciones entre el discurso y la voluntad política de quienes tienen la responsabilidad de generar las leyes que garanticen los derechos de las personas usuarias y la posibilidad de generar una industria benéfica para México. Pocos casos como el de la cannabis ilustran tan claramente las insuficiencias profesionales y la falta de independencia de nuestro Poder Legislativo frente a la agenda del Ejecutivo, donde la llamada "representación popular" ha fallado una y otra vez para cumplir con su deber de legislar para modificar el estatus legal de la planta de la cannabis y de sus usuarios.

Las últimas semanas han sido críticas para la regulación del cannabis en nuestro país. Hasta hace unos días, sabíamos que el Congreso de la Unión tenía como el 30 de octubre como fecha límite para regular el mercado de cannabis y así cumplir con el mandato que le dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación después de la creación de jurisprudencia en la materia.Sin embargo, esto no sucedió y, a solicitud de extensión del Congreso, la Corte alargó el periodo de gracia hasta el término del siguiente periodo de sesiones, es decir, el 30 de abril. ¿Cómo es que un Congreso que tiene decenas de iniciativas disponibles para nutrir el dictamen, que ha organizado incontables foros y ha recibido insumos valiosísimos de sociedad civil, no logra cumplir con su trabajo en tiempo y forma?

A crash in the price of coca, the chief ingredient in cocaine, is contributing to food insecurity in Colombia and causing displacement, as people leave areas that depend on the illicit crop, according to an internal United Nations presentation seen by Reuters. Historically coca crops have provided better incomes than legal alternatives for thousands of rural Colombian families, with drug-trafficking groups often footing the costs of transport, fertilizers and other supplies. Now coca-growing farmers have no buyers for the leaves or coca base leading to economic hardship amid high inflation, according to an internal presentation from the United Nations World Food Programme (WFP).

La comercialización de mariguana a manos de los cárteles de la droga en México ya puede considerarse un “fenómeno histórico”; además de la multiplicación de actividades delictivas a manos de estos grupos —como el tráfico de personas, armas y secuestro— el negocio central en narcóticos son las sustancias sintéticas, explicó Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “Nuestro problema real está en el fentanilo, en las metanfetaminas, en la transformación cultural del narcotráfico que deja a la cannabis es una situación de mucha mayor simpleza”, explicó el funcionario. No quiere decir que los cárteles mexicanos hayan dejado de comercializar mariguana, sólo que ésta representa una fracción menor entre todas sus operaciones.

A pesar de que la minuta enviada por la Cámara de Diputados para la regularización del cannabis contiene inconstitucionalidades y elimina los beneficios a las comunidades indígenas, y pone por delante a las trasnacionales, Morena y sus aliados en la Comisión de Justicia del Senado la aprobaron en fast track. Julio Menchaca, presidente de esa comisión y senador de Morena, reconoció que en el dictamen "señalamos antinomias, disposiciones inconstitucionaless y una modificación sustancial a un trabajo serio que hizo el Senado... pero la Cámara de Diputados modificó la minuta que le envió el Senado, y pese a ello pido que se apruebe, porque la Corte nos ha dado tres prórrogas y no podemos caer en una simulación...".

La Comisión Global de Política de Drogas llamó a la comunidad internacional a relajar las restricciones comerciales impuestas a sustancias psicoactivas “más ligeras, menos nocivas y menos potentes”, que excedan los fines médicos y científicos, abriendo espacios en el marco del ordenamiento interno de los países para permitir usos tradicionales, religiosos, de automejora o sociales. Esta organización independiente integrada por 14 ex Jefes de Estado y cuatro premios Nobel, lanzó el reporte "La clasificación de sustancias psicoactivas. Cuando se dejó atrás a la ciencia”, el cual expone que el sesgo de la clasificación histórica de las sustancias psicoactivas ha contribuido al “problema mundial de las drogas”. (Véase también: La ciencia que nunca llegó al debate de las drogas)

Serán las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República, las que reciban la minuta sobre la despenalización de la cannabis en México para analizar a detalle todos los cambios aprobados por la Cámara de Diputados al dictamen inicial. El líder de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, detalló que los cambios aprobados por la Cámara pueden generar o que el Senado acepte dichas modificaciones o mantiene la redacción original. (Véase también: Últimos toques en el Senado a la nueva Ley Orgánica de FGR | Lo agridulce de la cannabis)

Sembradores de mariguana en cinco comunidades de Tamazula, Durango, acordaron liberar el cultivo y explotación de sus plantas para destinarlas a fines medicinales y lúdicos. Con esto, el Plan Tetecala, iniciativa social que impulsa a los pueblos cannábicos, localidades con siembra legal de la planta para producirla, transformarla, distribuirla y consumirla libremente, fue aceptado por primera vez en el Triángulo Dorado, la región compartida por los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa que históricamente ha concentrado la mayor parte de los cultivos ilícitos de mariguana y amapola en México. En una asamblea realizada el 3 de noviembre, 89 representantes de poblados se adhirieron a dicha estrategia, la cual nació formalmente el 27 de noviembre de 2021 en Tetecala, Morelos, con el impulso de ejidatarios locales y colectivos cannábicos de diversos estados.

Demand for marijuana illegally trafficked from Mexico will continue to decline as the legalization movement spreads, a new report from the Congressional Research Service (CRS) states. With a growing number of U.S. states—as well as Canada—allowing people to legally purchase cannabis in a regulated market, they’re less inclined to seek out the product through illicit channels. “Authorities are projecting a continued decline in U.S. demand for Mexican marijuana because drugs ‘other than marijuana’ will likely predominate,” CRS wrote in the report. “This is also the case due to legalized cannabis or medical cannabis in several U.S. states and Canada, reducing its value as part of Mexican trafficking organizations’ portfolio.”

How can we resolve the tensions between current drug control policies and states’ human rights obligations? The international human rights framework clearly establishes that, in the event of conflicts between obligations under the UN Charter and other international agreements, human rights obligations take precedence. As legally regulated cannabis markets start to grow, now is the time to secure a legitimate place for small farmers using alternative development, human rights and fair trade principles.

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El pasado 13 de octubre, el ministro Juan Luis González Alcántara presentó ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un proyecto que pretendía mantener el delito de la posesión simple de la cannabis. Este proyecto rechazaba un amparo presentado por México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) el cual defendía que, ya que el uso del cannabis está protegido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad tal y como reconoció la Corte en junio de 2021, penalizar la posesión de la cannabis sin intenciones de venta es inconstitucional. El proyecto del ministro reafirmaba la constitucionalidad del delito por considerar que limitar la posesión de la cannabis no restringiría ese derecho y al contrario, evitaría su uso indiscriminado, protegiendo la salud general.

El alcalde de Chichihualco, Ismael Cástulo Guzmán, advirtió que en los pueblos de la Sierra Madre del Sur habrá hambruna debido a la baja del precio de la goma de opio y que sólo en su municipio resultarán afectados unos 15 mil campesinos. Es lamentable lo que está pasando en la sierra porque se pensaba que la amapola (de la que se extrae goma de opio) dejaba dinero, pero ahora trajo pobreza y desgracia. El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y el Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (Fupceg) propusieron legalizar la mariguana. Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan, afirmó que legalizar podría ayudar a paliar los problemas en la región de la Montaña, entre ellos la violencia intercomunitaria, que las autoridades han dejado de lado.

El derecho al uso de cannabis “efectivamente se debe proteger”, pero brindando la opción de que el suministro sea por organizaciones campesinas en sociedad con el Estado, señaló la Federación de Organizaciones Civiles Mariguana Liberación. Luego de que comenzó a circular el predictamen de ley para regulación del uso de la cannabis, cultivo y comercialización de la droga, indicó que “el autocultivo” discrimina a más del 80 por ciento de la población usuaria de cannabis que no puede o no quiere sembrar en su propio domicilio. Además no permite ingresos públicos o fiscales asignables a los sectores salud y campesino”. (Véase también: Welcome to Tijuana: mariguana para las transnacionales| Regulación por la Paz: Posicionamiento ante el proceso regulatorio de la cannabis)

Luego de que el Senado no cumpliera con su compromiso para legislar sobre el uso lúdico de la mariguana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hará uso de sus facultades constitucionales, por lo que antes de que termine julio votará una declaratoria general de inconstitucionalidad para dejar sin efectos todos los artículos de códigos y leyes federales que castigan penalmente el consumo del cannabis. La ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien es la ponente en este caso, ya presentó al pleno su proyecto de sentencia, el cual aparece en el lugar 12 de la lista para sesiones, lo cual implica que será resuelto antes de que el máximo tribunal tenga su receso.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró ante la bancada de Morena en el Senado, que la despenalización del cannabis favorecerá a los campesinos mexicanos, puesto que dejarán de estar sometidos por el crimen organizado; propone que se les permita la siembra y venta de la planta. La titular de Segob recordó que el Congreso de la Unión tiene hasta el 30 de abril para derogar o modificar los artículos declarados inconstitucionales de la Ley General de Salud, por lo que planteó situaciones que se deben resolver, como los permisos de siembra y cosecha, si la venta será pública o privada, qué modelo regulará las ventas y si se requiere de un ente público que regule o ya existe uno a quien se le pueda encomendar esta tarea.

El 15 de julio 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018 por la que se modificaron diversos artículos de la Ley General de Salud para eliminar la prohibición administrativa del consumo de cannabis en México. Si bien esta declaratoria significa un avance importante en el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad de las personas adultas que consumen esta sustancia, esto no significa que exista una protección plena para las personas. De hecho, todavía quedan muchos vacíos legales y, sobre todo, persisten las prohibiciones en el sistema penal de todas las conductas relacionadas con el consumo de cannabis.

Después de un debate de más de 14 horas, el pleno de la Cámara de Diputados avaló, en lo general y en lo particular, el dictamen para el uso lúdico de la marihuana y la posibilidad de que cualquier persona mayor de 18 años pueda portar hasta 28 gramos de cannabis, sin ser penalizada. Para el consumo personal se impone la obligación de solicitar una licencia, y renovarla anualmente para cultivar y poseer seis plantas de marihuana en casa, que se podrían aumentar a ocho si otro adulto consumidor vive en el domicilio. La producción para clubes de cannabis se deberán constituirse con un mínimo de 2 y un máximo de 20 personas mayores de edad y se limitarán a cultivar hasta cuatro plantas por socio, sin excederse de 50 plantas.

Los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados acordaron posponer el debate, y en su caso, aprobación de la minuta del Senado que despenaliza el consumo de la marihuana y permite su uso lúdico, hasta febrero del año que entra. De acuerdo con algunos legisladores consultados, se prevé hacerle algunos cambios al dictamen, incluso, las comisiones de Justicia y Salud de San Lázaro pidieron más tiempo para analizarla. Los diputados federales enviarán una nueva solicitud de prórroga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para no estar en falta, debido a que el máximo tribunal del país dio como límite este año para regular este tema. (Véase también: ¿Cannabis libre? Esto fue lo que se discutió en la Cámara de Diputados)

Last month, Mexico’s Supreme Court handed down two decisions that effectively overturned Mexico’s longstanding ban on the personal use of marijuana. The Court affirmed the power of the individual—rather than the state—to decide what to do with their own body. More importantly, it struck down a form of prohibition and brought the “war on drugs” in Mexico closer its end than ever before. Both of us are plaintiffs in the two cases and, for the past decade, we have worked as drug policy reform advocates who have sought to decriminalize the use of cannabis in Mexico.

Comisarios informan que en menos de dos meses militares erradicaron 500 hectáreas de siembra de amapola en la zona de influencia de la Policía Comunitaria de Tlacotepec, en medio de una crisis que devaluó el precio por kilogramo de la goma de opio de 8 a 4 mil pesos, y que los tiene en total abandono frente a la pobreza en esas comunidades. Autoridades de 11 comunidades demandan al Senado un proyecto de impacto para la región para sembrar plantas frutales en mil hectáreas. Ofrecen reducir el 75 por ciento de la producción de la planta ilegal. (Véase también: El 79% de la amapola que Sedena destruyó en 2018 es de Guerrero, y de sus zonas con más pobreza)