Las drogas: la alternativa regulatoria (II)
El prohibicionismo fracasó, pues no logra controlar la oferta de drogas ilícitas y produce daños colaterales terribles
La estrategia de reducción del daño es insuficiente, pues mantiene la ilegalidad de la producción y distribución, con lo cual perpetúa el problema de las mafias del narcotráfico. ¿Cuál es entonces la alternativa? Como lo aclaré en la anterior columna, la solución no es un mercado libre y sin controles de las sustancias psicoactivas, pues éstas son riesgosas. Vale la pena reiterarlo: nadie serio está hablando de que los adolescentes puedan comprar heroína en la tienda.
La idea es un modelo de salud pública, que tome en cuenta la distinción entre los “daños primarios”, ocasionados por el consumo de una sustancia psicoactiva, como puede ser el cáncer por abuso de tabaco, y los “daños secundarios”, derivados de las políticas de control, como puede ser la terrible violencia y corrupción de los narcos, pues éstas derivan no de las drogas sino de la prohibición.
Este modelo de salud pública buscaría entonces reducir los “daños primarios” que ocasiona el abuso de drogas, pero limitando también los “daños secundarios”, que derivan de las propias políticas. Por eso, y como el narcotráfico es uno de los daños secundarios más terribles de la prohibición, sería indispensable admitir la existencia de unos canales legales de producción y distribución de las sustancias hoy ilegales. Una cierta regularización del mercado de drogas parece ineludible.
Pero la regularización (o legalización parcial y regulada) no equivale a una legalización total y sin restricciones de las drogas, que lleve a un mercado libre. El consumo de drogas no tiene por qué ser fomentado por la sociedad; es una conducta tolerada pero que el Estado debería desestimular, como hoy lo hace con el tabaco.
Un modelo de salud pública buscaría entonces prevenir el consumo y especialmente el abuso de drogas, pero sin llegar a la prohibición, por los efectos perversos que ésta ha tenido. Se admitiría un mercado de drogas para adultos, regulado en forma estricta y diferenciado según los riesgos de las sustancias. Subsistiría entonces una intervención sancionadora del Estado. Habría que castigar a quienes desconozcan esos canales regulados de distribución, o a quienes suministraran drogas a los menores, o a quienes incurrieran en usos indebidos que afectaran derechos de terceros.
La política estatal buscaría así un equilibrio entre dos imperativos en tensión: debería ser al mismo tiempo flexible —en precios y reglas de distribución— para evitar la extensión indebida de un mercado paralelo; pero igualmente tendría que ser severa para desestimular el consumo y prevenir los abusos. Ese equilibrio no sería siempre fácil; pero, en forma pragmática, poco a poco se encontrarían las mejores soluciones.
Estas estrategias de regularización no son la panacea y son de difícil diseño y ejecución; pero son realistas y democráticas, pues evitarían los efectos perversos del actual prohibicionismo, respetarían los derechos de los usuarios y serían más apropiadas en términos de salud pública. Además, podrían ser adoptadas progresivamente. Como lo han propuesto muchos y lo sugerí en mi artículo del domingo, una posibilidad realista es empezar con la regularización del mercado de cannabis, que es no sólo la menos riesgosa de las drogas ilegales, sino que muchas personas ya admiten esa posibilidad. Por ejemplo, una reciente encuesta de Gallup concluyó que, por primera vez en la historia, la mayoría de los estadounidenses aprobaban la legalización de la marihuana. Las lecciones de esa experiencia podrían servir en un futuro no tan lejano cercano para definir qué hacer con sustancias más riesgosas como la cocaína o la heroína.
*Director del Centro de Estudio “DeJuSticia” (www.dejusticia.org) y profesor de la Universidad Nacional.
