Los medios nacionales, el gobierno de Estados Unidos y la oposición casi se infartan con el anuncio de cambio en las metas de erradicación de cultivos de uso ilícito (y ahora con el anuncio de despenalizar a los pequeños cultivadores). Les pasó lo mismo con los anuncios de gradualidad. La verdad no entiendo por qué. El presidente Petro, desde el día 1, en su discurso de posesión, dijo que el gobierno del cambio implicaba una nueva política de drogas. Lo repitió en Naciones Unidas y lo dice cada vez que puede. Por el contrario, a mí me ha parecido tímido. Le bajó el tono a la discusión sobre regular la cocaína, no le ha metido el diente a la regulación del cannabis.

El cuarto punto del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc —la “Solución al problema de las drogas ilícitas”— propone un nuevo enfoque que cambió radicalmente la forma de abordar este tema en el país: a los cultivadores de coca, en lugar de fumigarlos, les prometió acuerdos de sustitución voluntaria; a los consumidores de estupefacientes, en lugar de represión, les prometió un abordaje desde la salud pública, y a los traficantes les prometió más garrote por medio de cooperación entre las instituciones judiciales, entre otras estrategias. A dos años y medio de la firma del Acuerdo, estos son los avances que se observan en la implementación de la que sería la nueva política de drogas de Colombia. (Véase también: ¿Volver a la coca?: la paz que falta por llegar al suroriente de Colombia)

Con la firma del Acuerdo de Paz y la entrada en funcionamiento del PNIS, 99.097 familias campesinas que dependían de los cultivos ilícitos se vincularon en varias regiones para alejarse de esta economía cocalera. Sin embargo, y pese a que ya han pasado más de tres años desde que se puso en marcha el programa, las cifras de cumplimiento son lánguidas. De acuerdo con los reportes que hace la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación (antes Posconflicto), de las 99.097 familias vinculadas al programa, 74.366 han recibido pagos de seguridad alimentaria, 61.769 han recibido servicios de asistencia técnica y solo 1.792 cuentan con proyectos productivos en implementación, es decir, menos del 2%.

Arnobis Zapata, vocero nacional de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) respondió a las declaraciones de Hernando Londoño, director del programa de sustitución de cultivos, quien señaló que no han sido asesinados líderes de sustitución. De acuerdo con Zapata, este Gobierno no tiene voluntad con el programa. Zapata, vocero nacional de la Coccam y presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), reiteró que en dichas organizaciones han documentado al menos 56 casos de líderes de sustitución asesinados y explicó por qué para ellos es evidente que el Gobierno, contrario a lo dicho por Londoño, no tiene voluntad con el PNIS.

Noted cannabis advocate Ras Iyah V has issued a warning to prospective overseas investors who may have intentions of exploiting small ganja farmers to line their own pockets. "Don't come with the sugar cane plantation mentality that you going to work these boys and make yourselves rich and put the money in your pocket and gone." Meanwhile, Iyah V, who is a CLA board member, invited foreign investors to partner with grass root ganja farmers to make up the shortfall in government funding. While his Orange Hill community in Westmoreland was chosen, along with Accompong Town in St Elizabeth, as ganja planting pilot projects under the Cannabis Licensing Authority's (CLA's) Alternative Development Project (ADP), the Westmoreland project is yet to sprout as a result of a dearth of suitable lands.

El exdirector del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) explicó cuál es la gravedad de que el presidente Iván Duque rompiera el convenio con la ONU para verificar el avance del programa. También lanza críticas a la manera en que el Gobierno actual ha manejado la sustitución de cultivos y resalta que hace parte de la reforma rural, que tiene graves atrasos. El hecho se sumó a la polémica generada semanas atrás por el director del PNIS, Hernando Londoño, quien negó que líderes de sustitución de cultivos estén siendo asesinados y cuestionó la viabilidad misma del programa. (Lea: “Líderes de sustitución de cultivos no han sido asesinados”: Director del programa de sustitución)

Coca fumigations started in Colombia in the early 1990s and intensified during “Plan Colombia,” a $10 billion U.S. campaign that ran from 2000 to 2015 and was meant to tackle Colombia’s armed leftist insurgents and the drug trade that funds them. During those 25 years, American-funded and -piloted planes sprayed herbicides over more than 4 million acres of land in coca-growing regions in an effort to stamp out the drug supply. “Plan Colombia” officially ended in 2015, when the Colombian government reached a historic peace agreement with the country’s largest leftist guerrilla organization, the Revolutionary Armed Forces of Colombia, or FARC. But two decades later, the threat of fumigation is back—and could depend on the U.S. election.

A village in Lebanon, where cannabis grows everywhere, has long counted on hashish for income. But the country’s economic crisis has farmers reconsidering the crop. The Lebanese pound has lost 80 percent of its value against the United States dollar since last fall, and farmers have taken the hit. The costs of imported fuel and fertilizer needed to grow the crop have soared, while the Lebanese pounds that growers earn by selling their hash are worth less and less. Lebanon’s financial crisis has also undermined the drug’s domestic market, and the war in Syria has snarled smuggling routes, making it harder for middlemen to reach foreign markets.

La suspensión de la erradicación forzada de cultivos de coca y el uso de glifosato en aspersión aérea, así como la priorización de la erradicación voluntaria, fueron las decisiones que dio a conocer el mayor general Henry Armando Sanabria Cely, director de la Policía Nacional. El anuncio llega apenas 15 días después de que el presidente Gustavo Petro asumiera su mandato y se convierte en su primer paso concreto hacia el cambio de enfoque en la política de drogas, como lo anunció durante toda su campaña e incluso en su discurso de posesión. Organizaciones sociales, campesinas y estudiosos de la política de drogas alertaron sobre la necesidad de que esa decisión venga acompañada del cumplimiento a los compromisos que el Estado adquirió con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

Learn how lessening the barriers for small farmers while raising them for large companies can help to steer legal cannabis markets in a more sustainable and equitable direction based on principles of community empowerment, social justice, fair(er) trade and sustainable development.

Download the report (PDF)

Global drug control policies, much like tax or climate change, impact heavily on many areas of development and inevitably on efforts to meet many of the sustainable development goals that were launched by the UN last year and came into force on 1 January. Since the mid-20th century, global drug policy has been dominated by strict prohibition and the criminalisation of drug cultivation, production, trade, possession and use, with the intention of creating a drug-free world.

Desde hace más de 20 años, con la creación del Plan Colombia y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), el país asumió la responsabilidad de erradicar las hectáreas de hoja de coca e instaurar un plan de gobierno sólido frente al narcotráfico; sin embargo, esta tarea ha implicado retos serios en materia política, económica, ambiental y la más controvertida: salud pública. Contaminación de los bosques, de las aguas subterráneas y del suelo son algunos efectos de la aspersión de glifosato para erradicar cultivos de hoja de coca. Gabriel Tobón, investigador y docente de la Universidad Javeriana, se suma al debate con sus alternativas productivas. 

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, mencionó que se ampliará el programa de bienestar “Sembrando vida” en la sierra de Guerrero con el propósito de erradicar los cultivos de amapola y marihuana para sustituirlos por otras alternativas de siembra. El mandatario no descartó que grupos delictivos insistirán en continuar con dichos sembradíos, sin embargo, advirtió que el Gobierno ya tiene conocimiento de los cultivos de coca en la sierra del estado e investigarán al respecto. “Decirles para los que andan mal que ya sabemos que están ahí en Guerrero experimentando con el cultivo de cocay ya estamos investigando sobre esto. Encontramos un plantío de coca en Atoyac”, apuntó. (Véase también: ¿Es cierto que hasta ahora hallaron plantíos de coca en Guerrero?)

The United Nations Development Programme (UNDP), the UN agency charged with developing strategies to reduce global poverty, has strongly criticised current international drug policy, highlighting the disastrous costs it is producing – particularly for the world’s poor. In the agency’s formal submission to the UN General Assembly Special Session (UNGASS) on drugs (PDF), launched at the annual UN Commission on Narcotic Drugs which began last week in Vienna, the UNDP argues:

La promesa principal que hizo el cuarto punto del Acuerdo Final de La Habana era clara: abordar todos los eslabones de la cadena del narcotráfico, desde los campesinos que cultivan la hoja de coca, hasta las redes de lavado de activos de las estructuras dedicadas al narcotráfico. Con un ambicioso programa de sustitución voluntaria de cultivos, la meta era que miles de familias que viven de la coca dejaran ese cultivo para siempre y quedaran integradas en la economía legal. La transformación estructural de los territorios cocaleros y el tratamiento penal diferencial a pequeños cultivadores son algunas de las deudas.

Aunque el presidente Iván Duque presentó el informe de Naciones Unidas que señaló la disminución de 2.000 hectáreas de coca en el país en 2018 como un logro de su gobierno, distintos sectores la atribuyen a la sustitución voluntaria, derivada del Acuerdo de Paz, que venía desde 2017. “La reducción que se presenta ocurre en los departamentos donde intervino el programa de sustitución con mayor fuerza, mientras el incremento se registró en aquellos donde no pudo operar por factores como el orden público”, dijo Eduardo Díaz Uribe, quien fue el coordinador de la desaparecida Dirección de Sustitución de Cultivos en el gobierno Santos. (Véase tambén: El problema de la coca está concentrado en el 5 % del país: ONU)

Vecinos de la sierra de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) lanzaron piedras y cohetes a dos helicópteros del Ejército en protesta contra la fumigación de sus plantas de amapola, y exigieron a las autoridades federales que las destruyan por tierra. Desde hace varios meses los campesinos han pedido a las autoridades que no fumiguen sus parcelas de amapola y que les envíen proyectos para el campo, para dejar la siembra de enervantes. Los pobladores denunciaron que “aparte de la amapola fumigan sus cosechas de tomate y aguacate, contaminan el río y nos dejan sin nada para sobrevivir, queremos que vengan y lo hagan por tierra, porque hay parcelas donde la gente siembra lo que se va comer”.

Authorities continued efforts to eradicate cannabis fields in the Bekaa, east Lebanon, as normal activity in the region remained subdued due to reports of prowling gunmen. Two bulldozers were used in the operation in addition to 17 tractors after 15 tractors were sabotaged by gunmen a day earlier. The operation is proceeding with caution, especially following reports of armed men in the vicinity. (See also: Farmers, government battle over hashish in Lebanon's Bekaa Valley | Lebanon: Hashish growers and the Government face off)

More than 25 persons representing cannabis growers and consumers from several communities throughout St. Vincent and the Grenadines met at Victoria Park to discuss government’s announcement to legalise medical cannabis. The meeting, which was called by the St. Vincent and the Grenadines Cannabis Revival Committee (SVGCRC) was presided over by Junior Spirit Cottle, who is also the committee’s president and Vice President Ajit Duncan. The meeting looked at the restructuring of the organisation to enable it to operate more effectively. The SVGCRC has been calling for alternative livelihood for growers, medical cannabis and decriminalisation, as well as the legal right of Rastas to use cannabis as a religious sacrament.

According to Jalal Mahfouz, head of the Planning and Development Center in Hermel (Lebanon), any move to legalize the illegal industry, which is believed to be worth millions of dollars, would backfire by reducing prices and demand. He argued that hashish was currently expensive because it was illegal, and that if that changed the plant’s value would plummet. He also cast doubt on the idea that the government would be able to enforce any such law – even if supportive of the industry – given its near total absence from the remote area. (Text version)