En un año y cuatro meses, la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y el Ministerio Público (MP) han encontrado en Izabal y Alta Verapaz tres laboratorios de cocaína y siembras de plantas de coca. Estos hechos no tienen precedentes en el país, debido a que el territorio guatemalteco ha sido especialmente utilizado como área de tránsito durantes décadas por las redes del tráfico de cocaína. Pese a estos hallazgos, el jefe de la Fiscalía Contra la Narcoactividad, Gersón Alegría, considera que “es muy temprano” para establecer que Guatemala se ha convertido en un productor de cocaína. (Véase también: Erradican más de 31 mil siembras de coca en Alta Verapaz)

Colombia tiene una oportunidad. Puede sacudirse los prejuicios, dejar a un lado las herencias conservadoras basadas en mentiras, escuchar a la ciencia y a los economistas, y abrirle la puerta a la legalización de la marihuana recreativa. Al hacerlo, puede estar a la altura de varios lugares del mundo donde han visto los impuestos subir, controlar el consumo, mejorar la educación y, en general, encontrar que la legalización no es el apocalipsis, sino un necesario reconocimiento de las libertades individuales. Por más que haya gritos y desinformación, el debate en torno a esto parece saldado. (Véase también: Este es el proyecto que busca legalizar la marihuana en Colombia)

Hace poco el presidente Iván Duque celebraba la reducción en el número de hectáreas de hoja de coca cultivadas. Sin embargo, también se informó sobre un aumento en la producción de cocaína. Es decir, los procesos del narcotráfico se están volviendo más eficaces. Eso no es un síntoma de una batalla que estemos ganando. Creer que el glifosato va a ser la solución mágica para frenar el incremento del tráfico ilícito de drogas, que está financiando la violencia en el país, es seguir apostándole a una estrategia fallida. Debemos insistir: las aspersiones atacan a las poblaciones, rompen los lazos del Estado con sus comunidades más necesitadas, no les hacen mella suficiente a los narcotraficantes y el país seguirá asfixiado por la coca.

De nuevo, la Cámara hunde el proyecto de origen liberal que busca legalizar consumo adulto o recreativo del cannabis en Colombia. El intento de reforma a la Constitución no pudo sobrevivir a las tres proposiciones de archivo que radicaron cercanos al Gobierno y las bancadas conservadoras. Con 71 votos a favor del archivo y 46 en contra, el archivo se impuso. Juan Fernando Reyes Kuri, autor del proyecto, trató hasta el final de defender su propuesta y fue uno de los que lamentó su archivo. “El cannabis genera menos riesgos a la salud que el tabaco y el alcohol, se debe regular porque es necesario, insistir en una alternativa prohibicionista que no ha dado resultados debemos avanzar en una política de regulación y no de prohibición, ya vimos como la guerra contra las drogas fracasó”.

La decisión de enviar soldados estadounidenses a Colombia con el pretexto de ayudar en la lucha contra el narcotráfico es problemática, ya sea como una faceta de la estrategia de seguridad de ambos países o en conexión con las iniciativas más amplias contra Venezuela. El 28 de mayo, el Comando Sur de Estados Unidos (SouthCom) anunció mediante un comunicado que su Primera Brigada de Asistencia en Seguridad (SFAB, por sus siglas en inglés) apoyaría una “mayor cooperación antinarcóticos” en Colombia, sin límites en su despliegue. Existe la preocupación de que esas medidas de línea dura lleven inevitablemente al retorno de la aspersión aérea con el controvertido herbicida glifosato.

Los cambios políticos ocurridos en los últimos cinco años han reconfigurado dramáticamente el mercado del cannabis. No solo ha habido un boom sin precedentes en el mercado medicinal sino que, siguiendo los cambios políticos en muchas jurisdicciones, un número creciente de países también se están preparando para la regulación legal del uso no medicinal. Tales movimientos son impulsados por el reconocimiento de la inefectividad probada de las políticas represivas durante décadas, que han acarreado graves consecuencias negativas y apuntan a proporcionar un amplio rango de beneficios en términos de la salud y los derechos humanos.

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El proyecto que busca regular el consumo de cannabis recreativo para adultos pasó a segundo debate. Lograrlo no fue fácil. Luego de una ardua discusión y de varios intentos de hundirlo, 31 miembros de la Comisión Primera de la Cámara votaron por el articulado y el título de la iniciativa: 17 congresistas lo apoyaron y 14 votaron en su contra. Así las cosas, la propuesta legislativa continúa su trámite que consta de ocho debates en total, por ser un proyecto de reforma constitucional. (Véase también: “El debate de la regulación del cannabis requiere apertura mental”: Juan Carlos Losada)

Mientras el presidente Petro daba su discurso ante las Naciones Unidas en el que pidió cambiar el enfoque en políticas de drogas, en Colombia se intensificaban los operativos de erradicación forzada de coca y uso de glifosato. Desde su posesión, se han erradicado más de 7.000 hectáreas. Según le confirmaron la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (Diran) y el Ministerio de Defensa, la erradicación forzada no se ha suspendido. “La paz total no se logra con glifosato ni represión”, dicen las comunidades. Ante la situación, los campesinos tienen contemplado volver a las jornadas de paro del año pasado.

El presidente Gustavo Petro aceptó una de las principales propuestas de los campesinos cultivadores de coca del Catatumbo: que no se vean obligados a arrancar sus matas hasta que los nuevos cultivos sean efectivamente productivos. “Les diré a los funcionarios que ideemos el programa para que un campesino pueda cultivar aún hoja de coca mientras va plantando el cultivo sustituto, hasta probar que el cultivo sustituto funciona. Y si funciona, ya no hay necesidad de lo otro” señaló. La propuesta responde al mayor reclamo de los campesinos cocaleros, no solo del Catatumbo: que la sustitución del cultivo no fue efectiva por incumplimientos del Acuerdo de paz. (Véase también: Sustituir la coca poco a poco: ¿qué es, cómo funcionaría y cuáles son los riesgos?)

En este punto de la historia colombiana no debe ser extraño para nadie que el nuevo Presidente de la República haya dedicado una gran parte de su discurso inaugural a tratar el tema de la política antidrogas en Colombia e internacionalmente, citando cifras y ejemplos, además de solicitar la cooperación internacional para darle un giro de 180 grados a lo que ya todo el mundo conoce como la “fallida guerra contra las drogas”. Gustavo Petro, alejándose de su discurso preparado, dijo: “Que nos quieren apoyar en la paz, nos dicen, una y otra vez, en todos los discursos. Pues cambien la política de drogas que está en sus manos, en el poder mundial, en las Naciones Unidas, el poder hacerlo”. Este es un claro y contundente llamado a que las naciones hagan su parte en cambiar tanto sus políticas locales como los tratados internacionales.

Un nuevo giro en la política de drogas del presidente Gustavo Petro podría legalizar por lo menos el 67% de los cultivos de coca que hay en todo el país justo en una época de cifras históricas de la siembra y producción de ese alcaloide. Así lo estipula un proyecto que llegó este lunes a las oficinas del Consejo Nacional de Estupefacientes y que contiene una polémica propuesta presentada por el Gobierno: despenalizar los pequeños y medianos cultivos de hasta 10 hectáreas (ha) de siembra para que transiten hacia economías legales.

La política de drogas “Sembrando Vida Desterramos el Narcotráfico” 2023-2033 que presenta el presidente Gustavo Petro en Cauca ha recibido comentarios positivos y también críticas de distintos sectores por las inconsistencias y vacíos detectados. En comparación con los enfoques punitivos predominantes en el pasado, la política formulada reconoce explícitamente que la “guerra contra las drogas” fracasó a nivel mundial, lo que exige transformar sustancialmente las premisas que criminalizan a los pequeños productores de plantas prohibidas, a los consumidores de drogas y mantienen en un segundo plano los enfoques de secuencia debida y derechos humanos también incluidos en instrumentos de Naciones Unidas. (En contexto: Los detalles del borrador de la política de drogas de Petro, que costaría 18 billones de pesos)

Una de las oportunidades que tiene Colombia con el cambio de gobierno es la construcción de una nueva narrativa y política de drogas. Este es el primer gobierno electo que se ha comprometido con una transformación de la política de drogas desde el principio de la campaña y hay expectativas sobre los logros y cambios regulatorios que se pueden lograr en los próximos 4 años. Desde el Centro de Estudios de Seguridad y Drogas (CESED) hemos propuesto 10 puntos que están en línea con lo propuesto en campaña por el gobierno electo y las recomendaciones recientes de la Comisión de la Verdad. Por primera vez, podemos empezar a preguntarnos con algo de practicismo, ¿cuál podría ser el impacto de regular la coca y la cocaína en Colombia?

En la última semana, se ha hablado mucho sobre el discurso del presidente Petro en la ONU. Más allá de revisar frase por frase, precisar algunos elementos y licencias casi poéticas que se dio el Presidente, el mensaje fue claro y contundente. Le dijo al mundo que Colombia está asumiendo desproporcionalmente los costos de la guerra contra las drogas y del cambio climático. Por lo tanto, hay que replantear las políticas en ambos temas. El paralelo tiene sentido por esta responsabilidad global y por qué la coca, aunque no es el motor principal de la deforestación, se expande en la selva y la política prohibicionista no resuelve la deforestación. La discusión global es necesaria, pero también la discusión nacional.

¿Cuál es el futuro de la política de drogas de Colombia? Esta es una de las preguntas principales de cara a las elecciones de 2022. ¿Habrá cambios en la concepción nacional en términos de lucha contra el narcotráfico, consumo legal, intervención en los territorios y prohibicionismo? Para darle respuesta a esos interrogantes, la Universidad de los Andes dio lugar a un debate para que los precandidatos presidenciales expresen sus propuestas y visión de cómo sería una política de drogas en un posible mandato. De acuerdo con las declaraciones de los precandidatos, cómo abordar la política de las drogas sigue siendo el centro de la discordia entre las diferentes propuestas de los participantes.

Poppy cultivation in Mexico and Colombia is part of a local economy geared almost exclusively toward the illegal market abroad: it is driven by demand for heroin, primarily in the United States. North America, including Canada, is currently experiencing a major humanitarian crisis related to this use and the opioids circulating on this market. To understand the dynamics of this market and to evaluate whether political responses to the phenomenon are appropriate and effective, we present this report on opium poppy cultivation in Mexico and Colombia, which, together with Guatemala, are the poppy-producing countries of Latin America.

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El Congreso dedicó un amplio espacio para debatir el proyecto que busca regular el consumo de cannabis con fines recreativos, por parte de mayores de edad. La discusión fue acalorada, un verdadero desencuentro entre los sectores más conservadores que ven con malos ojos la legalización del consumo de esta droga psicotrópica, y los más liberales, que abogan por un enfoque de respeto a los derechos fundamentales a la igualdad y al libre desarrollo. Tanto así, que su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara no pudo ni siquiera finiquitarse porque sus miembros se enfrascaron en la petición de archivar el proyecto. Al final, la propuesta sobrevivió a ese intento de hundirla, y continúa su trámite, pero sus autores saben que el trecho es largo y que ese fue apenas el primer inconveniente.

Across the world, the state of environmental stress is unprecedented. As scholarship and activism on ‘environmental justice’ points out, poorer and marginalised communities face particular exposure to environmental harms. This holds particularly true for populations in the global South. The role of illicit drugs in relation to these environmental stresses is an underexplored terrain. Yet, as this report will argue, drugs, as well as the policy responses to them, are an environmental issue.

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Este primer cuatrimestre de gobierno de Gustavo Petro ha tenido muchos desafíos, como el proyecto de ‘paz total’ o aterrizar las políticas económicas. Entre estos temas nodales, el complejo cambio en el abordaje a las políticas de drogas ha sido de lo que más ha sonado en la agenda del mandatario, posibilitando un debate público que involucra a varios ministerios como el de Justicia y Defensa. La tarea no es fácil y probablemente requiera de mucho más de cuatro años para lograrse, pero un balance que sí es posible hacer antes del cierre del año es identificar qué cambios se han materializado en este tema y qué se mantiene en promesas del gobierno en política de drogas de cara a los retos que se vienen.

El senador Gustavo Bolívar radicará una iniciativa que buscará la regulación del consumo de cannabis recreativo por parte de adultos. Dice que la intención es brindar productos de la mayor calidad, reducir los riesgos y la inseguridad y arrebatarle el negocio al microtráfico en las ciudades de Colombia. El proyecto de ley que, de entrada, promete amplio debate en el Legislativo al proponer la regulación del consumo recreativo de marihuana en el país. Con el articulado, por ejemplo, se abre la posibilidad de que en Colombia funcionen los conocidos “coffee shops”, para el consumo de productos derivados de esta planta, tal como sucede desde hace varias décadas en Países Bajos.