Cannabis company Clever Leaves has only managed to export a few marijuana derivatives because of the tight regulations threatening to choke Colombia’s ganja industry. Colombia was one of the first countries to regulate the cultivation, commercialization and export of marijuana products. But businesses that invested in cannabis complain delays in regulatory adjustments are stemming exports and discouraging potential investors. The problem is especially serious given competition from other Latin American countries like Uruguay. Colombia has complicated regulations that demand legal cannabis growers get permissions from bodies ranging from agriculture and medical authorities to the anti-narcotics police and drug regulators. (See also: Cocaine country is embracing cannabis exports)

Policy changes over the past five years or so have dramatically reshaped the global cannabis market. Not only has there been an unprecedented boom in medical markets, but following policy shifts in several jurisdictions a growing number of countries are also preparing for legal regulation of non-medical use. Such moves look set to bring a clear range of benefits in terms of health and human rights. As this groundbreaking Report, highlights, however, there are also serious concerns about the unfolding market dynamics.

Download the briefing (PDF)

An elderly cleaning lady enters the huge empty UN aula in New York with her polishing cart, to get the venue spic-and-span for an important upcoming meeting. A voice in the background explains: "Here, in this room, on the 8, 9 and 10 of June world leaders will join forces to confront the drug problem". As the lady dusts off a globe, in the swaying movement, a roaring helicopter appears spraying herbicides, followed by a fast sequence of images like burning drug crops, heavily armed soldiers and a farmer processing coffee. The voice ends with the slogan: "A drug free world - We can do it!"

Oposición e independientes radicaron un paquete legislativo para prohibir el glifosato, cambiar la política prohibicionista por un enfoque de salud y cesar la persecución a pequeños cultivadores. Con estos proyectos se consolida una alianza interparlamentaria para replantear la política antidrogas del país. Una perspectiva novedosa que propone un enfoque diametralmente opuesto al del gobierno de Iván Duque. La iniciativa madre de dicha alianza es una reforma constitucional que busca que el enfoque en la lucha contra las drogas abandone la estrategia prohibicionista y asuma la perspectiva de salud pública y prevención del consumo como su bandera.

Pedro Arenas is afraid that they'll take flight again. "I expect it could be within the next months," he says. Since the end of last year, nine AT-802 firefighting aircraft have been deployed throughout the country. But their mission is not to put out fires. The planes are trying to eliminate a problem that has been causing bloodshed in Colombia for decades: cocaine. The planes are loaded with the controversial herbicide glyphosate. According to Colombian media, nearly 800 barrels of the chemicals are in stock from a Chinese manufacturer. If spraying resumes, "people in the remote communities will completely lose faith in the institutions and the peace process," Arenas believes. (See also:  The ‘deja vú’ of aerial crop spraying in Colombia)

El presidente Iván Duque anuncía la expedición del decreto que regula la aspersión aérea con glifosato, con miras a retomar esta que pareciera ser la estrategia antidroga más contundente del Gobierno. Se trata de la expedición del decreto que contiene el marco normativo para controlar el riesgo para la salud y el medio ambiente del uso del glifosato como estrategia para destruir los cultivos de uso ilícito en el país. Aunque la iniciativa de retomar la aspersión, que fue suspendida por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) en 2015, ha sido ampliamente criticada por organizaciones sociales, al parecer, todo apunta a que el país volverá a esta modalidad de erradicación. (Véase también: Examen al decreto del glifosato: ¿cumple con las órdenes de la Corte Constitucional?)

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, se refirió al interés del Gobierno Nacional por replicar el esquema de Bogotá 'Bazuco Cero', que brinda tratamiento a los consumidores de bazuco. Muchos de los delitos que se cometen en la ciudad son producto de la ansiedad que produce el bazuco. Petro aseguró que según encuestas y estudios a través de los CAMAD (Centro de Atención Móvil a Drogodependientes), se ha determinado que una de los alternativas de atención a la población adicta al bazuco es el suministro de marihuana terapéutica.

Durante las últimas dos semanas, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito ha estado designando a quienes serán las cabezas de ese programa en los territorios con mayor presencia de sembradíos de coca. Lo llamativo es que luego de cuatro años durante el Gobierno Duque en los que la interlocución del Estado con los líderes campesinos y organizaciones sociales cocaleras del país estuvo rota y de hecho fue de confrontación, ahora serán ellos quienes llevarán las riendas del programa. La dirección que encabeza Felipe Tascón ha designado en al menos seis de sus oficinas territoriales a líderes de la entraña campesina, quienes pertenecen a organizaciones sociales e incluso han liderado movilizaciones cocaleras en varias regiones del país.

El presidente Iván Duque se refirió desde Londres a la necesidad de retomar la aspersión aérea con glifosato sobre cultivos ilícitos. Según dijo el primer mandatario es algo que "se requiere, toda vez que hay lugares del territorio que son de difícil acceso". El ministro de Defensa, Guillermo Botero, le hizo eco a la propuesta y explicó que, aunque el tema debe primero tener el visto bueno del Consejo Nacional de Estupefacientes, esa aprobación es "cuestión de semanas" y se retomaría el uso del herbicida en el mes de julio de este año. Sin embargo, el uso del glifosato también está frenado por la vía judicial en un tema que todavía no se ha definido. (Véase también: El estudio que raja al glifosato en la Corte | Glifosato, se reabre la polémica en Colombia)

From 16 to 18 October 2019, representatives of member states, intergovernmental organisations, and civil society attended the 6th Intersessional Meeting of the Commission on Narcotic Drugs. On 17 October 2019, representatives of coca and opium growers from Colombia (Pedro Arenas) and Myanmar (Sai Lone of Myanmar Opium Farmers' Forum) delivered statements highlighting the situation of communities involved in the illicit cultivation of coca and opium in both countries. Read their full statements.

Acompañamos la instalación de un espacio humanitario conformado por organizaciones sociales para atender la crisis desatada tras los operativos de erradicación forzada. Las comunidades denuncian una política de tierra arrasada y las autoridades defienden estas acciones porque van en contra de la disidencia al mando de “Gentil Duarte”, comandante del Frente Séptimo de las Farc que no se acogió al Acuerdo de Paz. Un puñado de campesinos, alrededor de una carpa improvisada que levantaron con plástico y les sirve de cocina, se comunican por radio con decenas de ellos que están regados por la zona alertas a la entrada del Ejército en los tajos de coca.

El hallazgo de seis sembradíos de coca, realizado por el Ejército mexicano a principios de febrero en 4 hectáreas de El Porvenir y otros dos ejidos serranos de Atoyac de Álvarez, ha traído dudas y preguntas sobre qué papel estaría jugando México en las distintas fases de producción y comercialización de cocaína. Los militares incautaron un laboratorio supuestamente destinado a procesar las hojas de coca, donde había sustancias químicas, tambos, trastes y bidones. “Habría que ver si esto es algo experimental”, alertan investigadores que estudian el fenómeno de las drogas ilícitas en América Latina. La presencia de plantíos de coca en México no es un fenómeno sorprendente, dice Laurent Laniel, analista científico del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanias (EMCDDA).

Ningún país del mundo se ha atrevido a abrir el debate sobre legalización de las drogas en las Naciones Unidas. Esa alternativa, necesaria y lógica, habida cuenta de los consabidos desastres que ha entrañado el régimen prohibicionista, no ha tenido ninguna cabida en el sistema internacional de fiscalización de estupefacientes, edificada sobre la Convención Única (1961) a partir de la cual, los 183 países que la ratificaron se obligan a prohibir y sancionar todas las conductas relacionadas con la producción, comercialización y consumo de estupefacientes, exceptuando solamente los usos médicos y científicos. Una modificación sustantiva requiere de un nuevo consenso global que no se avizora en el horizonte de las formales discusiones internacionales. Colombia es el país más indicado para tomar la iniciativa y poner sobre la mesa.

Lo que acaba de pasar en la Comisión Primera del Senado es histórico: por primera vez avanza un proyecto relacionado con la hoja de coca y sus usos. En específico, se trata del que busca regular toda la cadena de valor de la hoja de coca, desde su producción hasta su procesamiento y distribución en el mercado, una iniciativa de los senadores Iván Marulanda (Alianza Verde) y Feliciano Valencia (Mais), más 21 congresistas que les respaldan. Para el senador Marulanda, esta victoria representa “un cambio radical” en la política contra las drogas. Empieza, según dijo, “una nueva era” en esa política porque se está escribiendo un camino hacia la regulación del Estado en la hoja de coca. (Véase también: Regular el mercado de la coca: una respuesta alternativa a la guerra contra las drogas)

The Transnational Institute (TNI) has always believed in the need to find global answers to global problems, been a strong defender of multilateralism and an advocate of a well-functioning United Nations which stands as the guarantor of universal human rights. On the drugs question, our position is straightforward: drug control should respect human rights. An accessible but comprehensive primer on why TNI believes that human rights must be at the heart of any debate on drug control.

On June 26, the United Nations Office on Drugs and Crime released its annual report on the illicit drug trade. The headline is that despite millions of people killed, incarcerated and impoverished, and trillions of dollars spent on the global drug war, people are using more illicit drugs than ever. The UNODC accompanied its research with a booklet focusing on the effects of “environmental crime”—meaning, damage inflicted on ecosystems by organised drug trafficking groups—in the Amazon rainforest. Last year, the agency released its first specific report on “environmental crime,” and we are seeing increasingly high-profile figures speaking out about it. However, experts are warning that this latest UNODC report, along with much of the discourse around these issues, fundamentally misses the point in very dangerous ways.

With Canada the largest nation to completely legalize marijuana, the world’s most valuable pot company, Canopy Growth Corp., founded in 2013 and now worth about $6.4 billion, is one of the most controversial pot companies, the embodiment of Big Marijuana that critics contend uses size, market power, and lobbying prowess to accelerate the loosening of cannabis laws around the world and shoulder out competitors and smaller businesses. Already Big Alcohol, Big Tobacco, and Big Pharma have bought their way into Canopy and other marijuana companies. And, like those longstanding giants, the new cannabis corporations are spending millions of dollars lobbying for laws that let them sell large volumes of potentially addictive products.

El presidente Iván Duque firmó en el 2018 el decreto que le permitió a Policía decomisar drogas en las calles, sin importar la cantidad, a todos aquellos que no puedan demostrar su adicción. En un país donde está despenalizada la dosis mínima, la medida causó controversia y más cuando venía acompañada de normas que permitían multar a quienes estuvieran consumiendo en la vía pública. A dos años de su implementación y miles de ciudadanos multados, el decreto agoniza tal como lo anticiparon los pronósticos. Aunque ninguna autoridad judicial lo ha tumbado, dos fallos de las altas cortes le quitaron fuerza al punto que hoy es prácticamente inaplicable. (Véase también: Policía decomisará dosis mínima solo si se está vendiendo: Consejo de Estado)

En una rueda de prensa de ayer 9 de junio, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en cabeza del representante Pierre Lapaque, reportó una reducción del 7% en el área sembrada con coca en Colombia, entre 2019 y 2020. En diálogo con este diario, Lapaque asegura que los números siguen bajando con el tiempo, que el gobierno de Iván Duque podría pensar en alternativas diferentes a la aspersión aérea con glifosato y que las instituciones deben ofrecer una “opción de vida mejor” a los excocaleros del país. (En contexto: La UNODC reportó reducción de siembra de coca en el país en un 7% teniendo 143 mil hectáreas activas)

La Cámara de Representantes ha aprobado este martes el uso adulto de cannabis en Colombia. Con 98 votos a favor (eran necesarios 95) y 57 en contra, la cámara baja del Congreso de la República ha dado luz verde al proyecto de reforma constitucional en su sexto debate de ocho necesarios para que se convierta en ley. Los dos restantes dependen del Senado, que tiene como plazo máximo para aprobarlo el 20 de julio próximo. En caso de no cumplirse, se archivará por no cumplir con los tiempos. El proyecto debe pasar por ocho debates (y no por cuatro como ocurre con las leyes ordinarias) ya que busca modificar el artículo 49 de la Constitución, que prohíbe desde 2009 el porte y consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.