Fue aprobado en primer debate el proyecto que busca regular el cannabis de uso adulto en Colombia. Al tratarse de un acto legislativo, pasó el primero de los ocho debates que le quedan en el Congreso. El proyecto, entre otras cosas, pretende modificar el artículo 49 de la Constitución Política, que prohíbe el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Con la modificación, se adicionaría al texto constitucional un inciso que diga que la prohibición prevista no aplicaría o tendría excepción para el caso de las personas mayores de edad que porten o consuman el cannabis y sus derivados. En consecuencia, el proyecto solo permitiría el consumo a adultos, por lo que, según el documento, se “restringirá el cannabis o sus derivados en entornos escolares” y se podrá “limitar en espacios públicos y zonas comunes”.

En la Comisión Primera del Senado, se aprobó con 11 votos a favor y 3 en contra, la ley que busca regular el consumo de marihuana de manera recreativa en Colombia. La iniciativa establece una nueva reglamentación en torno al “uso adulto” del cannabis. El senador Luis Fernando Velasco, ponente de la propuesta, explicó que lo que se pretende es quitarle el control de este negocio ilícito a las mafias que operan en el país. Además, los promotores de la iniciativa insistieron en que no buscan promover el consumo del cannabis y mucho menos entre los menores de edad. Un proyecto de marihuana recreativa no consiguió votos en la Cámara. (Véase también: Proyecto para regular marihuana en adultos pasó su primer debate)

A pesar de que la legalización del cannabis medicinal está avanzada en la región, todavía hay muchas trabas que impiden su producción y comercialización. Así lo reveló el estudio realizado por Alfredo Pascual y publicado por el Marijuana Business Daily International, titulado ‘Cannabis en América Latina: regulaciones y oportunidades’. El estudio revisa el estado del marco legal del cannabis en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Por ahora Argentina, Chile, Colombia, México, Paraguay y Uruguay ya tienen regulada la ley para el cannabis medicinal, mientras que Perú tiene implementada una ley, pero no hay acceso a ningún producto. (Véase también: Hay 386 licencias para producción y transformación de cannabis en Colombia)

El proyecto de decreto busca retomar la fumigación que fue suspendida en 2017 por la Corte Constitucional, tomando nota de las recomendaciones que hizo el alto tribunal sobre contemplar los riesgos para la salud y el medio ambiente que supone el uso del herbicida. Se trata de un trámite necesario para este tipo de normas y, durante 30 días, esta cartera encargada de la política de drogas estará recibiendo comentarios de ciudadanos interesados en el tema a través de su portal. Una vez este proceso se surta, el decreto entrará en rigor, será estudiado por el Consejo Nacional de Estupefacientes y, solo después de eso, podrá retomarse esta técnica de erradicación de coca, marihuana y amapola. (Véase: ¿Por qué el Gobierno no debería retomar las fumigaciones aéreas con glifosato?)

La promesa principal que hizo el cuarto punto del Acuerdo Final de La Habana era clara: abordar todos los eslabones de la cadena del narcotráfico, desde los campesinos que cultivan la hoja de coca, hasta las redes de lavado de activos de las estructuras dedicadas al narcotráfico. Con un ambicioso programa de sustitución voluntaria de cultivos, la meta era que miles de familias que viven de la coca dejaran ese cultivo para siempre y quedaran integradas en la economía legal. La transformación estructural de los territorios cocaleros y el tratamiento penal diferencial a pequeños cultivadores son algunas de las deudas.

Aunque el presidente Iván Duque presentó el informe de Naciones Unidas que señaló la disminución de 2.000 hectáreas de coca en el país en 2018 como un logro de su gobierno, distintos sectores la atribuyen a la sustitución voluntaria, derivada del Acuerdo de Paz, que venía desde 2017. “La reducción que se presenta ocurre en los departamentos donde intervino el programa de sustitución con mayor fuerza, mientras el incremento se registró en aquellos donde no pudo operar por factores como el orden público”, dijo Eduardo Díaz Uribe, quien fue el coordinador de la desaparecida Dirección de Sustitución de Cultivos en el gobierno Santos. (Véase tambén: El problema de la coca está concentrado en el 5 % del país: ONU)

La Fundación para el Desarrollo de Cannabis en Europa (Eurofucann), reportó que en países latinos como Colombia y Perú, el año pasado cada uno dejó de recibir inversión extranjera de por lo menos US$300 millones, ya que las empresas que trabajan con el cannabis medicinal tienen problemas en la relación con entidades financieras no solo para pedir créditos, sino para guardar los dineros. En el caso de Colombia, donde entre 2017 y 2018 creció 34% el número de empresas con licencia para la explotación de la planta (y hoy va en 94 entidades con el permiso), el presidente de Pharmacielo, Federico Cock, señaló que solo BBVA “está ofreciendo oportunidades para que las compañías del sector puedan solucionar temas como monetización y el fondeo”.

There is no shortage of people willing to plant and harvest coca; and there is no shortage of cocaine. According to the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), global production hit a record 1,982 tonnes in 2020. That number is up by 11% on the year before, and nearly double the amount produced in 2014. Plenty of Latin American presidents have said the war is not working—though they tend to do so only once they have safely left office. Now some of those in power are beginning to speak up, too. In an interview with The Economist, Gustavo Petro, Colombia’s new president, talked of leniency for repentant gang members, decriminalising coca-leaf production and creating places where Colombians could consume cocaine in a supervised environment.

Tres campesinos y un indígena awá han muerto en medio de operativos de erradicación forzada de cultivos de coca. Mientras esas comunidades piden suspender esta estrategia y cumplir el punto 4 del Acuerdo de Paz, el Gobierno anunció asistencia estadounidense. La Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad (SFAB, en inglés) del Comando Sur llega para “apoyar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico”. Desde hace casi tres meses, cuando el Gobierno nacional declaró la emergencia sanitaria por el coronavirus, las comunidades campesinas que viven de cultivar hoja de coca le piden al Gobierno que suspenda las operaciones de erradicación forzada de los cultivos en sus territorios.(Véase también: Gobierno no detendrá erradicación de coca en la cuarentena: mindefensa)

Hace cuatro meses, en el Senado de un país donde la guerra contra el narcotráfico ha dejado más de 250.000 muertos en poco más de una década, un empresario canadiense dedicado al negocio del cannabis dijo ante los congresistas: "Su localización en el mundo es perfecta, sus costos laborales son perfectos, su clima es perfecto (...) Dejen que las empresas privadas expandan sus negocios, que hagan lo que saben hacer". Los ojos de los grandes nombres en el negocio del cannabis están puestos en el Senado mexicano. Algunas empresas tienen cabilderos que recorren los pasillos de la Cámara alta con la esperanza de quedarse con una tajada de un negocio multimillonario.

Canadian weed companies have their eye on a massive prize: the lucrative medical and adult cannabis markets that are emerging around the world. Much of the hype around corporate cannabis is linked to the acquisition of lands and smaller growing operations internationally. The selling point is that cannabis can be grown overseas and exported to meet demand in Canada (and eventually the US), but also that Canadian companies position themselves as suppliers in emerging local markets. Lobbying to impact national legislation, supporting criminalization of traditional producers, and moving into remote territories with plans to implement plantation style economies are just some of the critiqued practices of Canada’s emerging cannabis sector.

El Senado de la República de Colombia aprobó en su cuarto debate el proyecto de acto legislativo que busca regular el cannabis de uso adulto. La votación fue de 53 apoyos y solo dos votos en contra. Como es un proyecto de acto legislativo, es decir, que busca reformar la Constitución, para convertirse en ley de la República necesita pasar por dos vueltas en el Congreso. Con la culminación de su cuarto debate finalizó la primera vuelta, pero aún le faltan cuatro debates más para completar la segunda y así tener luz verde para aplicarse en la cotidianidad. No obstante, el avance es importante porque este era una de esas iniciativas que desde años atrás se venía presentando en el legislativo sin éxito alguno.

There is now a unique moment to build a coherent regulatory framework that would prevent the growing cannabis market from being concentrated in the hands of large for-profit conglomerates, beholden to purely commercial interests, which might well introduce new harms just as those created by prohibition are being mitigated. It is particularly important do so before big actors such as the United States follow and legalize medical cannabis at the federal level. There is first a pressing need to knock down the considerable market barriers that exist for small-scale farmers from traditional producer countries in low- and middle-income countries. These actors have often been those most affected by the so-called “war on drugs”, which has fostered discrimination, poverty, violence, and fear.

Este 6 de julio se cumplen 4 años de la ley 1787, la cual reguló el cannabis medicinal y científico en Colombia. Esta norma nació como una opción de tratamiento y como una industria con gran oportunidad económica. Aunque la industria aún no ha despegado en esas proporciones y el coronavirus ha frenado procesos, el balance que hacen desde varios sectores es positivo, más aún teniendo en cuenta que la ley fue reglamentada hasta 2017 con el decreto 613, que sentó las bases para que Colombia tenga hoy más de 970 licencias de cannabis y un cupo de producción de 56 toneladas al año. (Véase también: Trámites digitales, nuevo impulso a industria del cannabis medicinal)

El cannabis de uso recreativo está a un paso de ser aprobado en el Congreso de Colombia, al quedarle un solo debate en la plenaria del Senado donde podría aprobarse la próxima semana el proyecto que permite el uso adulto recreacional. Este martes, la Comisión Primera del Senado aprobó con 15 votos a favor y 4 en contra en séptimo debate este acto legislativo, que al ser una reforma constitucional -porque en 2009 se modificó la Constitución para añadir la prohibición expresa de las drogas- necesita ocho debates. Una vez aprobado dará vía libre a la aprobación de la regulación para la venta libre de cannabis en el país. (Véase también: Senado aprueba en penúltimo debate la regulación del cannabis de uso adulto)

La regulación del cannabis de uso adulto en Colombia, promovido por el representante Juan Carlos Losada (Partido Liberal) avanzó en su primera cita en el Senado, con ello ya ha tenido el visto bueno en tres de ocho discusiones que debe dar, al tratarse de un Acto Legislativo. Con una votación positiva de 11 senadores contra 4, que votaron por el ‘no’, el proyecto se dirige ahora a plenaria de Senado, en donde deberá ser discutido y aprobado antes de que termine esta legislatura para poder dar su segunda vuelta en el próximo año. Se trata de un paso histórico pues, por primera vez la regulación del cannabis avanza en el Senado en la Comisión Primera. El proyecto busca eliminar la prohibición del cannabis del artículo 49 de la Constitución Política.

Canopy Growth is ceasing cannabis cultivation in Africa, Canada, Colombia and the United States in a bid to “improve efficiencies” in its global operations. The company also said it is eliminating 85 full-time positions. Almost half the workforce reduction is coming from the company’s Colombian operations. The downsizing does not affect Europe. Canopy’s pullback comes after Canadian producers raked up collective net losses exceeding 6 billion Canadian dollars ($4.5 billion) in 2019, the first calendar year recreational cannabis products were allowed to be sold in Canada. Many companies, including Canopy and competitor Aurora Cannabis, invested heavily in far-flung areas of the world, where actual medical marijuana markets remain years – maybe decades – away.

Cattle-ranching, not cocaine, has driven the destruction of the Colombian Amazon over the last four decades, a new study has found. Successive recent governments have used environmental concerns to justify ramping up their war on the green shrub, but the research shows that in 2018 the amount of forest cleared to cultivate coca, the base ingredient of cocaine, was only 1/60th of that used for cattle. The study’s findings vindicate conservation experts who have long argued that Colombia’s strategy to conserve the Amazon – often centered on combating coca production – has been misplaced. “We want to finally eradicate this narrative that coca is the driver of deforestation.” (See also: IDPC analysis of the UNODC World Drug Report 2022)

El pasado 20 de julio se radicó nuevamente en el Congreso un proyecto de ley que busca regular el cannabis para usos diferentes del medicinal, una propuesta que parece tener cada vez mayor ímpetu a nivel mundial. En noviembre del 2020, un proyecto de ley similar se archivó en la Cámara, sin embargo, esta vez la iniciativa aprobó su primer debate en la Comisión Primera. ¿El cannabis de uso adulto afecta negativamente la salud? ¿Si se regula aumentará el consumo entre adolescentes? El Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas responde a estas y otras preguntas clave relacionadas con el proyecto que cursa en la Cámara. (Véase también: Cannabis de uso adulto: análisis sobre el impacto económico y ambiental)

Después de seis años, el Gobierno celebró el quiebre de la tendencia al alza de los cultivos ilícitos en el país. En 2018 se registraron 169.000 hectáreas sembradas, mientras que en 2019 hubo 154.000, según el reporte de Naciones Unidas publicado hace tres semanas. El presidente Iván Duque tomó la noticia como un espaldarazo a la política Ruta Futuro, su apuesta de lucha antidrogas. SEMANA habló con ocho fuentes que conocen de cerca la erradicación, y que han participado en esta desde altos cargos en el Ministerio de Justicia, el Ejército y las Naciones Unidas. Todos coincidieron en que la cifra de erradicación forzada es exagerada y que alteraciones en los reportes se vienen haciendo desde hace al menos diez años.