En 2017 se puso en marcha el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), mecanismo central del punto cuatro de los Acuerdos de La Habana, firmados entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc para “solucionar el problema de las drogas ilícitas”. Para muchos campesinos el PNIS fue un trozo de esperanza, pero mientras en las ciudades y los cascos urbanos de los municipios se socializaron y debatieron los componentes del programa, muchos campesinos no supieron mayor cosa. Durante el último año nueve personas han sido asesinadas en operativos de erradicación forzada de cultivos de coca en Colombia. Ante la ausencia de alternativas, hoy las movilizaciones campesinas continúan en varios departamentos del país.

How can we resolve the tensions between current drug control policies and states’ human rights obligations? The international human rights framework clearly establishes that, in the event of conflicts between obligations under the UN Charter and other international agreements, human rights obligations take precedence. As legally regulated cannabis markets start to grow, now is the time to secure a legitimate place for small farmers using alternative development, human rights and fair trade principles.

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La crisis que golpea a las principales regiones productoras de hoja y pasta de coca en Colombia completa ya siete meses. En este tiempo, cerca de 200.000 familias -según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC- que tienen como principal sustento esta economía ilegal, han resistido a la caída de los precios y la falta de compradores. El hambre, que no da espera, se asoma como el principal efecto de una larga lista que incluye la parálisis comercial por la falta de ingresos, un desplazamiento silencioso de antiguos cultivadores y el rebusque desesperado en actividades lícitas e ilícitas.

Por las 158.000 hectáreas del parque Catatumbo Barí, en Norte de Santander, transitan el jaguar, la danta y el oso de anteojos. Predominan las orquídeas, bromelias, bejucos y heliconias, además de árboles con alturas superiores a los 45 metros. Sin embargo, cada año los grupos armados ilegales arrasan con más y más hectáreas para sembrar cultivos de coca. El 2019 no fue la excepción, según el más reciente informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci). La Fundación Ideas para la Paz (FIP) analizó estas cifras y detalló en un reciente informe que detrás de este incremento hay varios factores.

La mala noticia del momento es que ya no hay 96.000 hectáreas de cultivos de coca en el país, que era la cifra oficial de 2015. En el gobierno los más optimistas calculan que hoy abarcan 150.000 hectáreas, y los pesimistas que pueden ser 200.000. Esto es una bomba de tiempo, y el factor potencialmente más negativo para consolidar la paz. La buena noticia es que ya están en marcha dos estrategias: la erradicación forzada y la sustitución de cultivos tal y como se pactó en La Habana. La meta en 2017 es reducir en 100.000 hectáreas el área cultivada. Un objetivo loable, pero ambas estrategias avizoran dificultades poco halagüeñas.

Sin debatirlo, este martes 12 de diciembre se hundió una vez más el proyecto de acto legislativo que buscaba modificar el artículo 49 de la Constitución Política y, así, regular la producción, venta y comercialización del cannabis de uso adulto en Colombia. La proposición de archivo de la congresista liberal Karina Espinosa ganó con 46 votos a favor y 40 en contra. En la legislatura pasada, el articulado se hundió en su octavo y último debate, también en la plenaria del Senado. (Véase también: “Lo que sucedió es un acto absoluto de cinismo”: Pizarro sobre el hundimiento de cannabis | “Quienes ilegalizan reciben sobornos”: Petro sobre hundimiento de proyecto de cannabis | La facción más conservadora del Congreso agita las banderas del miedo contra la regulación del cannabis)

The criminalisation of people who use drugs compounds drug-related challenges and worsens health and welfare outcomes. Across the world, there is a growing number of jurisdictions where the possession of scheduled drugs for personal use has been decriminalised. In some countries and federal states, this has been extended to the cultivation of cannabis for personal use or the sharing of substances where there is no financial gain (also known as ‘social sharing’). In some legal systems criminal penalties are replaced by civil sanctions, while in other systems no penalties are applied – please see our glossary for more detailed definitions. Some form of decriminalisation has been adopted in 30 countries – with significant differences and levels of effectiveness. This interactive map provides an overview of these models, offering insights into decriminalisation laws, their implementation and impact.

Drug Decriminalisation Across the World

El Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su "beneplácito" al presidente de Colombia, Iván Duque, por la publicación del proyecto de decreto para reanudar la aspersión aérea de cultivos de coca en 2020. El comunicado del Departamento de Estado agrega que "la decisión de emplear fumigación aérea es soberana del Gobierno colombiano. La publicación de este proyecto de decreto es un paso crítico hacia la integración de la erradicación aérea de coca en la estrategia integral antidrogas de Colombia". Por último, recalca que "Estados Unidos apoya los esfuerzos del gobierno colombiano para lograr nuestro objetivo conjunto de reducir a la mitad el cultivo de coca y la producción de cocaína para fines de 2023".

A finales de 2019 el gobierno de Iván Duque presentó el proyecto de decreto para reanudar las aspersiones bajo el argumento de ser el único instrumento para frenar el aumento de cultivos de coca de los últimos años. El 10 y 11 de febrero 2020 tuvo lugar en Bogotá un Diálogo sobre Aspersiones Aéreas y Derechos Humanos, un evento en el que distintas organizaciones no gubernamentales y representantes de diferentes comunidades a nivel nacional se dieron cita para discutir la decisión del gobierno nacional de reanudar las aspersiones aéreas con glifosato para combatir el narcotráfico. 

La coca se extendió por el campo colombiano porque reemplazó la reforma agraria que nunca llegó, y el narcotráfico se instaló en la política y la economía porque el sistema político del país fue tolerante a la circulación de esos dineros, dice el Informe Final en sus hallazgos sobre esta materia. “El actual paradigma de la guerra contra las drogas ha sido un fracaso”, dice sin rodeos la Comisión de la Verdad en sus hallazgos sobre el narcotráfico. Y lo ha sido, sostiene, porque, en términos sencillos, puso el énfasis donde no es: no produjo resultados efectivos para desmontar el narcotráfico como sistema político y económico, mientras el prohibicionismo criminalizó poblaciones y territorios, y “sumó un número enorme de víctimas en el marco del conflicto armado interno”. (Véase también: Acabar con el prohibicionismo: recomendaciones del Informe Final para narcotráfico)

Apesar del evidente afán del Gobierno nacional por reanudar las aspersiones aéreas con glifosato, más tarde que temprano se hizo público el borrador de decreto con el que se planea responder a los condicionamientos de la Corte Constitucional. El documento cumple con llenar algunos de los requisitos exigidos para que el Estado provea una protección constitucional razonable del derecho a la salud de las comunidades y al medioambiente en zonas donde se fumigaría. Investigadores consultados calculan que 70 por ciento de los cultivos ilícitos está ubicado en territorios en donde no son viables las fumigaciones aéreas, dado que son zonas protegidas, se requiere consulta previa o están fuera del alcance de las avionetas por cuestiones logísticas.

Los datos del Informe Mundial sobre las Drogas de la ONU de este año "completan y complican aún más la imagen global que plantean los desafíos de la droga", según explica el director de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Yuri Fedotov. En el informe se indica que hubo más muertes en 2017 por el consumo de drogas y que los estupefacientes tradicionales de origen vegetal, como la heroína o la cocaína, siguen en máximos, mientras proliferan los estimulantes sintéticos. Estas son las diez claves del Informa Mundial sobre Drogas 2019.

Superar el estigma del narcotráfico y convertirse de golpe en una potencia comercializadora de productos derivados del cannabis ya era una misión compleja. Casi una década más tarde, tras la aprobación del decreto de legalización para el uso medicinal de la marihuana en Colombia, más del 90% de las compañías del sector atraviesan estrecheces económicas. Cerca del 40% de las compañías autorizadas para funcionar en los últimos siete años ha cerrado. Los empresarios señalan como culpable a la maraña de obstáculos burocráticos y legislativos para hacer negocios. La historia tiene, sin embargo, más eslabones de complejidad.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo en su discurso de investidura un llamado a "todos los armados a dejar las armas en las nebulosas del pasado" para que "la paz sea posible" y así "terminar, de una vez y para siempre, con seis décadas de violencia y conflicto armado". El primer mandatario de izquierda en la historia de Colombia planteó acabar con la fracasada "guerra antidrogas" y pasar a una "política de prevención fuerte del consumo" en los países desarrollados. "Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado", dijo el nuevo presidente del país con la mayor producción mundial de cocaína. (Véase también: ‘Es hora de una nueva Convención Internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente”, enfatizó el Presidente Petro)

La realidad supera los prejuicios. Mientras la guerra de la cocaína sigue dejando víctimas y violencia en los territorios, a la vista de todos se abre paso en Colombia uno de los grandes negocios del siglo XXI: la industria del cannabis. Por las realidades del conflicto, la marihuana todavía se refiere como droga. Aunque la ley admite la siembra y comercialización de cannabis con fines medicinales, sigue en la línea de la restricción al uso recreativo. En una vasta región de la cordillera central, crece a sus anchas la economía del cannabis. Hoy constituye el sustento de muchas familias del norte del Cauca. La legalización de la marihuana medicinal los dejó fuera del negocio, pero esperan que la regulación para uso adulto les permita participar.

Pedro Arenas, cofundador de Corporación Viso Mutop, un centro de estudios que acompaña comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y que promueve reformas en la política de drogas, explicó que además de perjudicar los bosques circundantes al área de coca que se pretendía eliminar, se dañaban "estanques piscícolas, fuentes de agua, cultivos de alimentos, pastos para ganado y animales de corral, entre otros bienes". Según el experto, que lleva más de 20 años analizando los programas de aspersiones con glifosato y sus impactos en los derechos humanos de las familias cultivadoras de coca, amapola y marihuana, el problema radica en que "la Policía fumiga pero el resto del Estado no llega y por ello los cultivos se trasladan de lugar, duplicándose el fenómeno de la deforestación".

Desde que comenzó 2020, el Gobierno Nacional se trazó la meta de erradicar 130 mil hectáreas de cultivos ilícitos de las más de 200 mil que, según cálculos de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, hay sembradas en Colombia. Una labor ardua, que aunque sigue en pie durante la cuarentena nacional por la pandemia del coronavirus, está en medio de incertidumbre. De hecho, según una investigación de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), durante los primeros cuatro meses de este año las erradicaciones en todo el territorio sumaron 17.300 hectáreas, 6.500 menos que en el mismo período de 2019, año en que la meta final era de 100 mil ha.

En Putumayo y Caquetá se han intensificado los operativos contra los cultivos de coca, mientras los campesinos reclaman cumplimiento del programa de sustitución voluntaria. En el municipio de La Montañita, en medio de la tensión entre erradicadores y labriegos, el Ejército disparó contra los campesinos. MinDefensa confirmó que las acciones de erradicación no se detendrán en medio de la pandemia de COVID-19. A la par, también aumentan las movilizaciones campesinas que han salido a las vías de los departamentos a exigir que cesen esos operativos. Aún más preocupante para las comunidades, resulta el hecho de que les anunciaran hace 15 días que va a empezar la aspersión aérea con glifosato. (Lea: Asesinato de líderes sociales: la otra pandemia que el gobierno se niega a enfrentar)

En medio de la aparente prisa por integrar la marihuana en nuestra vida como una sustancia convencional, gravarla, regularla, legalizarla y comercializarla, se plantean cuestiones importantes. Y , en la medida en que crece el debate, también crecen los críticos. El representante Juan Fernando Reyes, autor del proyecto que buscar regular el mercado y el consumo del cannabis, aseguró que “uno de los beneficios de la regularización del cannabis es la posibilidad de que se realicen más estudios que antes no se podían hacer producto del prohibicionismo”, además de que permitiría que se cobren impuestos por la comercialización de esta sustancia.

La última cifra del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) despertó las alarmas y críticas de quienes han cuestionado la política contra las drogas en Colombia: en 2021 la producción de hoja de coca tuvo el crecimiento más elevado desde 2001, un 43 % más que el año anterior. Con ello, el 2021 cerró con 204.00 hectáreas de coca en el país, 61.000 más que el 2020. Las hojas de ruta para la sustitución gradual de la coca de pequeños cultivadores y la erradicación forzada de las siembras industriales deberán definirse durante los primeros seis meses de este año. Además, se espera un avance en la regulación del cannabis para uso adulto y el desarrollo de más encuentros cocaleros para escuchar las propuestas de las comunidades.