La política de drogas “Sembrando Vida Desterramos el Narcotráfico” 2023-2033 que presenta el presidente Gustavo Petro en Cauca ha recibido comentarios positivos y también críticas de distintos sectores por las inconsistencias y vacíos detectados. En comparación con los enfoques punitivos predominantes en el pasado, la política formulada reconoce explícitamente que la “guerra contra las drogas” fracasó a nivel mundial, lo que exige transformar sustancialmente las premisas que criminalizan a los pequeños productores de plantas prohibidas, a los consumidores de drogas y mantienen en un segundo plano los enfoques de secuencia debida y derechos humanos también incluidos en instrumentos de Naciones Unidas. (En contexto: Los detalles del borrador de la política de drogas de Petro, que costaría 18 billones de pesos)

Una de las oportunidades que tiene Colombia con el cambio de gobierno es la construcción de una nueva narrativa y política de drogas. Este es el primer gobierno electo que se ha comprometido con una transformación de la política de drogas desde el principio de la campaña y hay expectativas sobre los logros y cambios regulatorios que se pueden lograr en los próximos 4 años. Desde el Centro de Estudios de Seguridad y Drogas (CESED) hemos propuesto 10 puntos que están en línea con lo propuesto en campaña por el gobierno electo y las recomendaciones recientes de la Comisión de la Verdad. Por primera vez, podemos empezar a preguntarnos con algo de practicismo, ¿cuál podría ser el impacto de regular la coca y la cocaína en Colombia?

En la última semana, se ha hablado mucho sobre el discurso del presidente Petro en la ONU. Más allá de revisar frase por frase, precisar algunos elementos y licencias casi poéticas que se dio el Presidente, el mensaje fue claro y contundente. Le dijo al mundo que Colombia está asumiendo desproporcionalmente los costos de la guerra contra las drogas y del cambio climático. Por lo tanto, hay que replantear las políticas en ambos temas. El paralelo tiene sentido por esta responsabilidad global y por qué la coca, aunque no es el motor principal de la deforestación, se expande en la selva y la política prohibicionista no resuelve la deforestación. La discusión global es necesaria, pero también la discusión nacional.

¿Cuál es el futuro de la política de drogas de Colombia? Esta es una de las preguntas principales de cara a las elecciones de 2022. ¿Habrá cambios en la concepción nacional en términos de lucha contra el narcotráfico, consumo legal, intervención en los territorios y prohibicionismo? Para darle respuesta a esos interrogantes, la Universidad de los Andes dio lugar a un debate para que los precandidatos presidenciales expresen sus propuestas y visión de cómo sería una política de drogas en un posible mandato. De acuerdo con las declaraciones de los precandidatos, cómo abordar la política de las drogas sigue siendo el centro de la discordia entre las diferentes propuestas de los participantes.

El senador provincial Martín Arjona presentó un proyecto que será estudiado en la Cámara Alta en Argentina y tiene por objeto establecer un marco regulatorio para la importación de coca, el acopio, fraccionamiento y la venta con fines de uso doméstico y de investigación científica. La iniciativa surgió porque ante la pandemia hubo dificultades en Salta para el abastecimiento de hojas de coca que se obtienen de contrabando desde Bolivia. Arjona sostuvo que esto "ha afectado a todos los salteños que llevan adelante la práctica del coqueo". El precio del kilo de coca ha oscilado entre los 8 mil y 15 mil pesos en la cuarentena.

El consumo de hojas de coca en su estado natural forma parte de la cultura del noroeste argentino y en esta zona del país los acullicos forman parte del paisaje cotidiano. El cierre de las fronteras con Bolivia y el aislamiento social decretado a partir del coronavirus generó desabastecimiento y las pocas hojas que se encontraban alcanzaron un precio imposible para los bolsillos de muchos. En el Senado, un proyecto busca reglamentar la importación de las hojas que ingresan desde Bolivia y registrar a quienes comercializan este producto en Salta. Pero la propuesta que se analiza en Diputado va más allá: propone producir coca en territorio salteño.

Across the world, the state of environmental stress is unprecedented. As scholarship and activism on ‘environmental justice’ points out, poorer and marginalised communities face particular exposure to environmental harms. This holds particularly true for populations in the global South. The role of illicit drugs in relation to these environmental stresses is an underexplored terrain. Yet, as this report will argue, drugs, as well as the policy responses to them, are an environmental issue.

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Este primer cuatrimestre de gobierno de Gustavo Petro ha tenido muchos desafíos, como el proyecto de ‘paz total’ o aterrizar las políticas económicas. Entre estos temas nodales, el complejo cambio en el abordaje a las políticas de drogas ha sido de lo que más ha sonado en la agenda del mandatario, posibilitando un debate público que involucra a varios ministerios como el de Justicia y Defensa. La tarea no es fácil y probablemente requiera de mucho más de cuatro años para lograrse, pero un balance que sí es posible hacer antes del cierre del año es identificar qué cambios se han materializado en este tema y qué se mantiene en promesas del gobierno en política de drogas de cara a los retos que se vienen.

El anuncio lo hizo el coronel Édgar Cárdenas, director de la Policía Antinarcóticos: la meta de erradicación forzada de cultivos de coca para 2023 será de 20.000 hectáreas, una reducción del 60% frente al año pasado, cuando la meta eran 50.000 hectáreas. Lo propio se espera que ocurra con relación al Ejército, que tenía esa misma meta para el año pasado y que ahora mismo se encuentra en mesa de trabajo liderada por el Comando General y el Ministerio de Defensa para trazar la meta de este año. La reducción en la meta es un giro radical frente a la estrategia a la que el gobierno de Iván Duque le confió todo su esfuerzo, pero que, al final, no sirvió. (Véase también: Coca en Colombia: Duque cerró su gobierno con crecimiento del 43 % en hectáreas)

Si bien el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha dicho que es inminente, recientes decisiones judiciales ponen en entredicho que esa política se vaya a reanudar pronto. Pero para que la fumigación se reactive aún falta trecho, de acuerdo con la sentencia T-236 de 2017 de la Corte Constitucional y recientes fallos judiciales que se han pronunciado sobre la necesidad de participación de las comunidades afectadas en ese proceso. La más reciente decisión judicial suspendió la audiencia pública ambiental necesaria para la aprobación del Plan de Manejo Ambiental del programa de aspersión. (Lea también: Campesinos serán considerados para el regreso del glifosato: justicia les dio la razón)

Ya es más que un consenso entre políticos, academia y organizaciones sociales que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso. Pese a los miles de millones de dólares invertidos (solo el Plan Colombia requirió alrededor de US$16.000 millones por parte de EE. UU. y Colombia), la producción y el consumo de drogas continúan en aumento a escala mundial. Colombia, que se mantiene como el mayor productor de cocaína, sigue padeciendo los efectos de un conflicto entre armados que se disputan esas rentas ilegales. Expertos insisten en que culminar la regulación del cannabis de uso medicinal y recreativo e iniciar la regulación de la hoja de coca y la cocaína es una labor crucial del próximo gobierno para desescalar la violencia en el país.

Los pueblos Nasa de Colombia presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición de medidas cautelares a su favor ante las restricciones que tienen en el país actualmente para comercializar productos que contengan hoja de coca. ¿La razón? Un fallo de 2018 de la Corte Constitucional dice que para poder venderlos fuera de sus comunidades necesitan una autorización expedida por el Invima de registro sanitario. Ante esta situación, presentaron la petición ante la CIDH alegando posibles vulneraciones a la Convención Americana de Derechos Humanos y a la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas de 13 de septiembre de 2007.

At the end of 2019 the government of Iván Duque presented a draft decree to resume the spraying of drug crops used for illicit purposes. It argued that spraying is the only instrument to curb the increase in coca crops. On February 10 and 11, 2020, a Dialogue on Aerial Spraying and Human Rights took place in Bogotá. At the event, several non-governmental organizations and representatives of different communities nationwide gathered to discuss the government’s decision to counter the illicit drug trade by resuming aerial sprays with glyphosate. The destruction of entire crops, contamination of water sources, miscarriages, malformations in newborns were, among others, some of the effects of glyphosate use that led the National Narcotics Council (CNE) to suspend aerial spraying in 2015.

The decision to send US troops into Colombia to help against drug trafficking is a troubling one, whether as part of the two countries’ security strategy or connected to broader efforts against Venezuela. On May 28, the US Southern Command (SOUTHCOM) issued a statement that its 1st Security Force Assistance Brigade (SFAB) would support “enhanced counter-narcotics cooperation” in Colombia with no limit set on its deployment. The head of Colombia’s armed forces, Gen. Luis Fernando Navarro, later added some details about the anti-drug mission. According to El Tiempo, he stated the SFAB troops would be in Colombia for four months, providing “tactical” advice to “improve operations against drug trafficking.”

As a farmer eking out a living in Peru’s central jungle, Rubén Leiva grew one cash crop that seemed immune from global cycles of booms and busts. But the coronavirus pandemic has accomplished what neither other international crises nor a U.S.-backed “war” ever could: a collapse in the price of coca leaf, a natural stimulant that is the building block of cocaine. The great coca crash of 2020 — prices for the leaf in some regions of South America have fallen as much as 73 percent — illustrates the extent to which the pandemic is disrupting every aspect of global trade, including the traffic in illegal drugs. Lockdowns have sealed regional borders and sharply curbed domestic and international transit, challenging the ability of cartels to move product by land, air or sea.

As a colonial construct, the global drug control regime has undermined the rights of indigenous peoples (including the right to self determination, and to practice and revitalize their cultural traditions and customs), obliging all states to abolish traditional uses of coca, cannabis and opium by means of crop eradication and drug law enforcement. This webinar, which took place on the International Day of the World's Indigenous Peoples 2021, will shed light on the conflict between the drug control regime and Indigenous rights, and challenge prevailing narratives that these tensions are possible to reconcile while the UN retains the goal of a society free of drugs.

Bolivia is one of three countries in the world that produce the bulk of the world’s coca, the green leafy plant that is the base ingredient for cocaine. And it's the only country where such large-scale production is totally legal—a system seen by some as a future template for legal cocaine production. Now, amid political turmoil, Bolivia’s legal coca industry could be shut down. It’s a move that some worry could lead to the return of drug war bloodshed to this relatively peaceful country. Meanwhile, those currently in power say the legal system is not as legal as it seems, and is feeding into the illegal international cocaine trade.

The United States’ anti-drug policy in Latin America needs to change if Washington is to effectively combat a problem worsened by the COVID-19 pandemic, a U.S. congressional commission will say in a bipartisan report. The 117-page report of the Western Hemisphere Drug Policy Commission urges “smarter” interagency policies led by the U.S. State Department to reduce the supply of dangerous drugs. It also calls on authorities to combat money laundering by blocking the flow of illicit funds using cryptocurrencies and complex cross-border financial transactions. It is the result of 18 months of research into the “war on drugs” that has cost billions of U.S. taxpayers’ dollars without ending high rates of violence and corruption in much of the western hemisphere.

Los campesinos cocaleros de los Yungas, territorio del norte de Bolivia, bloquean los caminos que los vinculan con el resto del país desde hace seis días. Los distintos cortes han sido fuertemente reprimidos por la policía en diversas ocasiones, pero reaparecen horas después de haber sido dispersados. Las protestas buscan que el Gobierno respete la organización sindical tradicional de la región, que es cuestionada por las autoridades con el argumento de que ha sido penetrada por delincuentes. Durante muchos años todos los cocaleros del país apoyaron a Morales, que también fue cocalero y que continúa dirigiendo los sindicatos de productores de la hoja en otra región, el Chapare, un consenso que se acabó con la aprobación, en marzo de 2017, de la Ley de la Coca.