La crisis que golpea a las principales regiones productoras de hoja y pasta de coca en Colombia completa ya siete meses. En este tiempo, cerca de 200.000 familias -según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC- que tienen como principal sustento esta economía ilegal, han resistido a la caída de los precios y la falta de compradores. El hambre, que no da espera, se asoma como el principal efecto de una larga lista que incluye la parálisis comercial por la falta de ingresos, un desplazamiento silencioso de antiguos cultivadores y el rebusque desesperado en actividades lícitas e ilícitas.

Por las 158.000 hectáreas del parque Catatumbo Barí, en Norte de Santander, transitan el jaguar, la danta y el oso de anteojos. Predominan las orquídeas, bromelias, bejucos y heliconias, además de árboles con alturas superiores a los 45 metros. Sin embargo, cada año los grupos armados ilegales arrasan con más y más hectáreas para sembrar cultivos de coca. El 2019 no fue la excepción, según el más reciente informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci). La Fundación Ideas para la Paz (FIP) analizó estas cifras y detalló en un reciente informe que detrás de este incremento hay varios factores.

La mala noticia del momento es que ya no hay 96.000 hectáreas de cultivos de coca en el país, que era la cifra oficial de 2015. En el gobierno los más optimistas calculan que hoy abarcan 150.000 hectáreas, y los pesimistas que pueden ser 200.000. Esto es una bomba de tiempo, y el factor potencialmente más negativo para consolidar la paz. La buena noticia es que ya están en marcha dos estrategias: la erradicación forzada y la sustitución de cultivos tal y como se pactó en La Habana. La meta en 2017 es reducir en 100.000 hectáreas el área cultivada. Un objetivo loable, pero ambas estrategias avizoran dificultades poco halagüeñas.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que en Izabal fueron localizados arbustos de coca y un laboratorio para procesar drogas, donde prevalece el Estado de Sitio en todo el departamento. Esta es la segunda vez que las autoridades encuentran esa clase de plantación en menos de un año y medio en el país, porque casi solamente erradican sembradíos de amapola y mariguana regiones del occidente. No se ha detallado cuántas matas de coca están cultivadas en la Sierra Santa Cruz porque el operativo se desarrolla. Sin embargo, la Policía dijo que fueron encontradas en El Estor, y el Ejército que en Río Dulce. (Véase también: Localizan más plantaciones de coca y otro narcolaboratorio en Sierra de Santa Cruz)

En 2019, aparte de celebrarse los diez años de la Constitución (7-9 de febrero de 2009), también se cumple una década desde que el país empezara la acción internacional por la despenalización de la hoja de coca. Como un efecto directo de la Constitución, que en su artículo 384 establece la protección estatal de la “coca originaria y ancestral” y su “revalorización, producción, comercialización e industrialización”, el 12 de marzo de 2009  “la Misión Permanente de Bolivia ante las Naciones Unidas hace llegar al Secretario General (Ban Ki Moon) una nota verbal”, junto a una carta del presidente Evo Morales, donde en lo básico pide eliminar “los incisos 2e) y 1c) del artículo 49 de la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su "beneplácito" al presidente de Colombia, Iván Duque, por la publicación del proyecto de decreto para reanudar la aspersión aérea de cultivos de coca en 2020. El comunicado del Departamento de Estado agrega que "la decisión de emplear fumigación aérea es soberana del Gobierno colombiano. La publicación de este proyecto de decreto es un paso crítico hacia la integración de la erradicación aérea de coca en la estrategia integral antidrogas de Colombia". Por último, recalca que "Estados Unidos apoya los esfuerzos del gobierno colombiano para lograr nuestro objetivo conjunto de reducir a la mitad el cultivo de coca y la producción de cocaína para fines de 2023".

A finales de 2019 el gobierno de Iván Duque presentó el proyecto de decreto para reanudar las aspersiones bajo el argumento de ser el único instrumento para frenar el aumento de cultivos de coca de los últimos años. El 10 y 11 de febrero 2020 tuvo lugar en Bogotá un Diálogo sobre Aspersiones Aéreas y Derechos Humanos, un evento en el que distintas organizaciones no gubernamentales y representantes de diferentes comunidades a nivel nacional se dieron cita para discutir la decisión del gobierno nacional de reanudar las aspersiones aéreas con glifosato para combatir el narcotráfico. 

Hay antinomias arraigadas, mitos y prejuicios que siguen en pie: la coca sería veneno o superalimento y panacea, vicio profanador u hoja sagrada, rémora arcaica o disrupción de modernidad decadente… También sigue reiterándose la confusión entre coca y cocaína. El consumo de coca en el Noroeste de Argentina (NOA) ayuda a desmentir estas antinomias. La forma gaucha de pijchar es tradicional, pero no solo indígena: está en todas las clases sociales. Como el consumo argentino está consolidado, legitimado y es, sobre todo, cuantitativamente muy importante, el NOA es el destino de una parte muy significativa de la producción boliviana, algo no muy tenido en cuenta en la formulación de políticas públicas, e ignorado por los organismos internacionales de fiscalización.

Apesar del evidente afán del Gobierno nacional por reanudar las aspersiones aéreas con glifosato, más tarde que temprano se hizo público el borrador de decreto con el que se planea responder a los condicionamientos de la Corte Constitucional. El documento cumple con llenar algunos de los requisitos exigidos para que el Estado provea una protección constitucional razonable del derecho a la salud de las comunidades y al medioambiente en zonas donde se fumigaría. Investigadores consultados calculan que 70 por ciento de los cultivos ilícitos está ubicado en territorios en donde no son viables las fumigaciones aéreas, dado que son zonas protegidas, se requiere consulta previa o están fuera del alcance de las avionetas por cuestiones logísticas.

El consumo de esta planta ancestral en Perú se incrementó en 29% con relación al 2013. Sin embargo, la mayoría de la producción cocalera (más de 120 mil toneladas) sigue siendo comprada por el narcotráfico. Solo el 10% tiene fines legales. Según el Informe sobre la Demanda de Hoja de Coca para Fines Tradicionales e Industriales 2019, en el país hay casi 6 millones de personas que consumen la hoja ya sea de forma tradicional o industrial. Esto es 29% más con relación al número de consumidores (5,1 mlls.) del 2013. El consumo de hoja de coca ha sido mayoritariamente en la sierra (71,5%) y en áreas rurales (57,3%). Sin embargo, ya desde el 2003 se observa un incremento en las áreas urbanas, incluyendo a Lima Metropolitana.

Pedro Arenas, cofundador de Corporación Viso Mutop, un centro de estudios que acompaña comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y que promueve reformas en la política de drogas, explicó que además de perjudicar los bosques circundantes al área de coca que se pretendía eliminar, se dañaban "estanques piscícolas, fuentes de agua, cultivos de alimentos, pastos para ganado y animales de corral, entre otros bienes". Según el experto, que lleva más de 20 años analizando los programas de aspersiones con glifosato y sus impactos en los derechos humanos de las familias cultivadoras de coca, amapola y marihuana, el problema radica en que "la Policía fumiga pero el resto del Estado no llega y por ello los cultivos se trasladan de lugar, duplicándose el fenómeno de la deforestación".

Según autoridades, Honduras cumple todas las fases del tráfico de drogas y ya no solo es un país de paso. Desde 2012, los carteles empezaron a cultivar hoja de coca, y del transporte pasó a la producción, comercialización y venta. Los recientes hallazgos establecen que algunos de los narcolaboratorios encontrados en el departamento de Colón tenían unos ocho años de funcionamiento. Con pruebas practicadas en diferentes zonas del país se confirma que el área fronteriza entre Olancho y Colón es donde más se da la siembra de hojas de coca. (Véase también: Cartel colombiano maneja industria de la pasta de coca en Honduras | Honduras da el salto: de país de tránsito a productor de cocaína)

Los fiscales federales de Salta y de Jujuy, autorizaron la entrega de hojas de coca secuestradas en ambas provincias. La decisión se tomó en respuesta a pedidos de los gobiernos de Salta y de Jujuy, ante la escasez de hojas, por el cierre de fronteras debido a la pandemia del coronavirus. A pesar de que en las provincias está extendido desde tiempos ancestrales el consumo de sus hojas, sobre todo para el coqueo o masticación y como infusiones medicinales y prácticas religiosas, la planta de coca no se cultiva en Argentina. La coca se introduce desde Bolivia y se vende abiertamente en comercios de Salta y Jujuy. El cierre de las fronteras provocó una escasez del producto y una consecuente subida del precio que la volvió prácticamente inalcanzable para algunos sectores de la sociedad de ambas provincias. (Véase también: Coronavirus en Argentina: la Justicia libera 1700 kilos de hoja de coca para que vuelva el “coqueo” en Salta y Jujuy)

Desde que comenzó 2020, el Gobierno Nacional se trazó la meta de erradicar 130 mil hectáreas de cultivos ilícitos de las más de 200 mil que, según cálculos de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, hay sembradas en Colombia. Una labor ardua, que aunque sigue en pie durante la cuarentena nacional por la pandemia del coronavirus, está en medio de incertidumbre. De hecho, según una investigación de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), durante los primeros cuatro meses de este año las erradicaciones en todo el territorio sumaron 17.300 hectáreas, 6.500 menos que en el mismo período de 2019, año en que la meta final era de 100 mil ha.

En Putumayo y Caquetá se han intensificado los operativos contra los cultivos de coca, mientras los campesinos reclaman cumplimiento del programa de sustitución voluntaria. En el municipio de La Montañita, en medio de la tensión entre erradicadores y labriegos, el Ejército disparó contra los campesinos. MinDefensa confirmó que las acciones de erradicación no se detendrán en medio de la pandemia de COVID-19. A la par, también aumentan las movilizaciones campesinas que han salido a las vías de los departamentos a exigir que cesen esos operativos. Aún más preocupante para las comunidades, resulta el hecho de que les anunciaran hace 15 días que va a empezar la aspersión aérea con glifosato. (Lea: Asesinato de líderes sociales: la otra pandemia que el gobierno se niega a enfrentar)

En la aldea Jumaytepeque, en Nueva Santa Rosa, Santa Rosa, se localizó una plantación de 11 mil metros cuadrados de arbustos de hoja de coca, informó la Fiscalía contra la Narcoactividad. Esta es la tercera plantación que se localiza desde el primer hallazgo en la aldea Semuy II, en El Estor, Izabal. A criterio del fiscal especial Allan Ajiataz, por el volumen de la plantación, aún se trata de intentos de producir cocaína en el país, además, esta se ubica en territorios donde el clima favorezca al cultivo. (Véase también: Asesinato de 3 oficiales muestra que la cocaína nunca se ha ido de Guatemala)

La última cifra del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) despertó las alarmas y críticas de quienes han cuestionado la política contra las drogas en Colombia: en 2021 la producción de hoja de coca tuvo el crecimiento más elevado desde 2001, un 43 % más que el año anterior. Con ello, el 2021 cerró con 204.00 hectáreas de coca en el país, 61.000 más que el 2020. Las hojas de ruta para la sustitución gradual de la coca de pequeños cultivadores y la erradicación forzada de las siembras industriales deberán definirse durante los primeros seis meses de este año. Además, se espera un avance en la regulación del cannabis para uso adulto y el desarrollo de más encuentros cocaleros para escuchar las propuestas de las comunidades.

El presidente Evo Morales reconoció que el mercado ilegal de la cocaína es el que regula el precio de la coca. Además, agregó que una parte de la producción de la hoja del trópico de Cochabamba y de los Yungas de La Paz es desviada a actividades ilegales. “Lamento mucho por ese mercado ilegal de la cocaína, ese mercado ilegal sigue regulando el precio de la coca”, afirmó el primer mandatario luego de la presentación del informe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc) sobre el monitoreo de cultivos de coca 2018. Morales recomendó a los cocaleros de Cochabamba que respeten el cato de coca y a los productores de La Paz les dijo que respeten la extensión de los cultivos.

La Constitución marca el inicio de un nuevo paradigma para la coca, lo que se concretó con la denuncia de Bolivia a la Convención Única de 1961 y su readhesión en 2013, bajo la reserva sobre el derecho al uso tradicional, ritual, cultural y medicinal de la planta en su estado natural. Esta reserva nos obliga a establecer mecanismos de control sobre el cultivo para prevenir la producción ilícita de estupefacientes extraíbles de la hoja. Así nace en 2017 la Ley General de Coca, para regular la cadena de producción solo en territorio local, lo que dificulta la apertura de mercados internacionales. El artículo 12 de la Ley de Coca cita como prioridad nacional su exportación.

En el Día Nacional del Acullico (cada 11 de enero desde 2017), en la Vicepresidencia del Estado se presentó el libro Hoja de coca: antecedentes y perspectivas para su exportación, una investigación de Patricia Chulver y Jesús Sanez, patrocinada por la Fundación Acción Semilla y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung. El texto tiene la virtud de poner nuevamente en agenda la producción masiva de la Hoja Sagrada, ya no solo en vista al mercado local, sino de otros países, limítrofes y no. El libro vuelve a plantear que al margen del hecho económico en sí, la propuesta de viabilidad del mercado ampliado de la coca es esencialmente política.  Pero en esto hay que ver una línea de continuidad, antes que una ruptura: la hoja de coca, como un hecho de reivindicación cultural siempre tuvo un carácter político.