Expertos e informes en América y Europa coinciden en este punto: los carteles-monopolio al estilo Pablo Escobar, que organizaban toda la operación desde la plantación a la distribución, no eran estructuras preparadas para sobrevivir en el tiempo. Desde que los grandes carteles colombianos se empezaron a fragmentar en los años noventa, el negocio del tráfico se fue dislocando y tercerizando. A partir de entonces, campesinos, fabricantes, empresarios, transportistas, aduaneros, pilotos, marineros, buzos, policías, militares, peones y vendedores al menudeo forman los eslabones de una cadena que, al cerrarse, hacen que la cocaína de los Andes llegue a cualquier destino del mundo. Y lo hacen de forma compartimentada, autónoma.

El estado colombiano lleva décadas tratando de eliminar los cultivos ilícitos, pero la extensión del cultivo de coca continúa cerca de sus máximos históricos. Las 169,000 hectáreas cultivadas en el 2018 ubican a la coca entre los 10 cultivos no-transitorios más grandes del país, según el censo nacional agrícola. Esto significa que los billones de impuestos gastados en erradicación y glifosato, la degradación ambiental en zonas de mega-biodiversidad, y la pérdida de incontables vidas, no han bastado para reprimir ni el cultivo de cocani el narcotráfico que lo alimenta. El camino hacia el cambio de estrategia es la investigación e innovación de los usos de la coca en asocio con las comunidades cultivadoras e indígenas: las que más han sufrido los flagelos del narcotráfico y la política de drogas.

El representante en Colombia de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Pierre Lapaque, entregó al presidente Iván Duque el informe sobre el monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia en 2019, que arrojó una disminución del 9 por ciento de los cultivos de coca frente al año 2018. Lapaque afirmó que esa es una muy buena noticia y destacó el papel de la Fuerza Pública en la erradicación forzada. "Desafortunadamente Colombia tiene el 70 por ciento de la hoja de coca a nivel mundial. Si se trabaja solo con la voluntaria, se va a demorar mucho tiempo para ver un resultado rápido. Por eso la erradicación forzada es una decisión necesaria, porque va a tener un impacto rápido con el riesgo de la resiembra."

La ONU aprobó uno de los mayores cambios en política de drogas de las últimas décadas al reconocer las propiedades medicinales del cannabis y eliminar esa planta de la clasificación de los estupefacientes más peligrosos, aunque su consumo con fines recreativos sigue prohibido. La mayoría simple de los 53 Estados de la Comisión de Estupefacientes -el órgano Ejecutivo de la ONU en políticas de drogas- decidió retirar el cannabis y su resina de la Lista IV de la Convención sobre drogas de 1961. El cannabis estaba hasta ahora clasificado en las listas I y IV, esta última reservada a las drogas más peligrosas y bajo control más estricto, como la heroína, y a las que se otorga escaso valor médico. (Véase también: La ONU da luz verde al cannabis medicinal pero no desafía el legado colonial de la prohibición)

Este es el testimonio de Sandra Panchalo, lideresa cocalera y integrante de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam),del sur del país, que refleja la situación de miles de familias que viven del cultivo de hoja de coca en Colombia. ¿Quiénes son esas familias? ¿Cuánto ganan con la coca? ¿Por qué siembran coca y no otros productos? ¿Por qué quieren sustituirla? "Con esa plata muchos hemos educado a nuestros hijos. Yo, por ejemplo, tengo a mis tres hijos estudiando en Pasto. Los dos mayores están en noveno y el menor está en cuarto (de primaria). Y del corregimiento tenemos casos de familias que han sacado a sus hijos profesionales con la plata de la coca." (Véase también: Rostros que siembran: miles de familias dependen del cultivo de hoja de coca)

La cumbre campesina e indígena cocalera del Putumayo se realizó el pasado 30 de septiembre con la participación de 630 personas de todos los municipios del departamento y algunas provenientes de Caquetá, Cauca y Nariño. De este evento, realizado en el Colegio Alvernia de Puerto Asís, salieron unas propuestas específicas de los cocaleros para el nuevo Gobierno. Las peticiones de los campesinos e indígenas de este departamento no son ajenas a las del resto de movimientos sociales en Colombia. No hay infraestructura ni vías para sacar los cultivos de las regiones, hay una gran ausencia del Estado en ciertas zonas y la desconfianza institucional de los cocaleros es un problema sin resolver.

El Observatorio de Tierras de la Universidad Nacional y de la Universidad del Rosario documentó 95 incidentes entre la fuerza pública y campesinos entre diciembre de 2016 y julio de 2020. En lo corrido del año, cuatro campesinos y un indígena han muerto a manos del Ejército y la Policía Antinarcóticos. El Observatorio los reunió en un trabajo titulado “Erradicación forzada: una política que mata”, que, según la autora de la base de datos utilizada para el trabajo, Diana Ximena Machuca, es “un llamado de atención sobre el hecho de que la erradicación forzada es una política que viola derechos humanos y que va en contravía de los propósitos contemplados en el Acuerdo de Paz”. (Véase también: Erradicación forzada de cultivos de uso ilícito y derechos humanos)

En 1961, la Convención Única sobre Estupefacientes de Naciones Unidas dispuso “que la masticación de la hoja de coca quedará prohibida dentro de los 25 años siguientes a la entrada en vigor de la presente Convención”. El politólogo neerlandés Martin Jelsma, una de las mayores autoridades en políticas internacionales con respecto a las drogas, dice que con el retiro y posterior reingreso de Bolivia en la Convención del 61 (con la reserva sobre el masticado de coca), se debatió más la relación entre derechos humanos y de pueblos indígenas y las políticas de drogas.

Como lo había adelantado ya en la sesión anterior el senador Martín Arjona, se dio media sanción en la tarde de ayer al proyecto de ley por el cual se crea en el ámbito de la provincia de Salta, el Registro Público de distribuidores y expendedores de hojas de coca en estado natural. La iniciativa, que contaba con dictamen de la Comisión Especial para el estudio integral de la regulación del abastecimiento y comercialización de la hoja de coca, tiene por objeto establecer un marco regulatorio para la importación, acopio, fraccionamiento y venta con fines de uso doméstico de esa hoja de uso ancestral en la provincia. El senador explicó que con esta ley se inicia el camino a la normalización de la venta de esa hoja, y es “un paso hacia la legalización”.

El expresidente de Uruguay José Mujica dio su opinión sobre la legalización de la cocaína y manifestó que en lugar de penalizar el consumo de drogas, los gobiernos deberían implementar políticas que ayuden a controlar mejor la situación. "Yo no recomiendo ninguna droga, pero ¿por qué existe el narcotráfico? Porque existen los consumidores y porque lo prohibimos. Lo transformamos en un negocio fantástico con toda la taza de ganancia que tiene porque lo prohibido cuesta mucho más. Deberíamos tener el coraje de legalizar el consumo de coca, registrar a los consumidores e identificarlos", dijo en una entrevista a Noticieros Televisa durante su visita a México.

El área sembrada con coca en Colombia pasó de 169.000 hectáreas en 2018 a 154.000 en 2019, según el informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El informe, presentado por el presidente Iván Duque, señala que a pesar de eso, la producción de cocaína aumentó en un 1.5 % con respecto al año anterior. “El incremento de la productividad se debe a la concentración de la coca en enclaves productivos donde se facilita la siembra y transformación de la hoja. La producción estimada de hoja de coca fue de 993.107 toneladas métricas, lo que representa un incremento de 1,6 %”, aseguró Naciones Unidas.

En un año y cuatro meses, la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y el Ministerio Público (MP) han encontrado en Izabal y Alta Verapaz tres laboratorios de cocaína y siembras de plantas de coca. Estos hechos no tienen precedentes en el país, debido a que el territorio guatemalteco ha sido especialmente utilizado como área de tránsito durantes décadas por las redes del tráfico de cocaína. Pese a estos hallazgos, el jefe de la Fiscalía Contra la Narcoactividad, Gersón Alegría, considera que “es muy temprano” para establecer que Guatemala se ha convertido en un productor de cocaína. (Véase también: Erradican más de 31 mil siembras de coca en Alta Verapaz)

Hace poco el presidente Iván Duque celebraba la reducción en el número de hectáreas de hoja de coca cultivadas. Sin embargo, también se informó sobre un aumento en la producción de cocaína. Es decir, los procesos del narcotráfico se están volviendo más eficaces. Eso no es un síntoma de una batalla que estemos ganando. Creer que el glifosato va a ser la solución mágica para frenar el incremento del tráfico ilícito de drogas, que está financiando la violencia en el país, es seguir apostándole a una estrategia fallida. Debemos insistir: las aspersiones atacan a las poblaciones, rompen los lazos del Estado con sus comunidades más necesitadas, no les hacen mella suficiente a los narcotraficantes y el país seguirá asfixiado por la coca.

La decisión de enviar soldados estadounidenses a Colombia con el pretexto de ayudar en la lucha contra el narcotráfico es problemática, ya sea como una faceta de la estrategia de seguridad de ambos países o en conexión con las iniciativas más amplias contra Venezuela. El 28 de mayo, el Comando Sur de Estados Unidos (SouthCom) anunció mediante un comunicado que su Primera Brigada de Asistencia en Seguridad (SFAB, por sus siglas en inglés) apoyaría una “mayor cooperación antinarcóticos” en Colombia, sin límites en su despliegue. Existe la preocupación de que esas medidas de línea dura lleven inevitablemente al retorno de la aspersión aérea con el controvertido herbicida glifosato.

"El pacto social es para acordar una erradicación voluntaria, pacífica y progresiva de los cultivos de coca y el compromiso de no resembrar", señala el nuevo jefe de la política antidrogas del Perú, Ricardo Soberón, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Vida sin Drogas (Devida). “Este pacto social tiene tres niveles: un acuerdo con los cocaleros y sus organizaciones, un segundo nivel con las municipalidades locales y gobiernos regionales, y un tercero con la población de esos lugares. A cambio les ofrecemos a los agricultores un programa de desarrollo alternativo que llegará oportunamente, asistencia directa a través de la entrega de bienes, insumos, equipos, asistencia técnica, asociatividad, gestión comunal, y también daremos transferencias financieras a los municipios locales."

When Peruvian government forces began eradicating coca leaf, the raw material for cocaine, without warning in a remote corner of Peru’s principal coca growing region last November, they were met by growers armed with sticks and rocks. The security forces backing the eradication brigades responded by firing bullets and tear gas, seriously wounding five farmers. For 40 years, policies in Peru have prioritised forced eradication of coca leaf under intense pressure from the US government. Weak economies, farmers turned into outlaws, and human rights violations are the result of this militarised crop and drug control strategy.

The coronavirus outbreak has upended industries across the globe. The international narcotics trade has not been spared. From the cartel badlands along the U.S.-Mexico border and verdant coca fields of the Andes, to street dealers in London and Paris, traffickers are grappling with many of the same woes as legitimate businesses. On three continents, Reuters spoke with more than two dozen law enforcement officials, narcotics experts, diplomats and people involved in the illicit trade. They described a business experiencing busted supply chains, delivery delays, disgruntled workers and millions of customers on lockdown. They also gave a window into the innovation - and opportunism - that are hallmarks of the underworld.

Mientras el presidente Petro daba su discurso ante las Naciones Unidas en el que pidió cambiar el enfoque en políticas de drogas, en Colombia se intensificaban los operativos de erradicación forzada de coca y uso de glifosato. Desde su posesión, se han erradicado más de 7.000 hectáreas. Según le confirmaron la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (Diran) y el Ministerio de Defensa, la erradicación forzada no se ha suspendido. “La paz total no se logra con glifosato ni represión”, dicen las comunidades. Ante la situación, los campesinos tienen contemplado volver a las jornadas de paro del año pasado.

El presidente Gustavo Petro aceptó una de las principales propuestas de los campesinos cultivadores de coca del Catatumbo: que no se vean obligados a arrancar sus matas hasta que los nuevos cultivos sean efectivamente productivos. “Les diré a los funcionarios que ideemos el programa para que un campesino pueda cultivar aún hoja de coca mientras va plantando el cultivo sustituto, hasta probar que el cultivo sustituto funciona. Y si funciona, ya no hay necesidad de lo otro” señaló. La propuesta responde al mayor reclamo de los campesinos cocaleros, no solo del Catatumbo: que la sustitución del cultivo no fue efectiva por incumplimientos del Acuerdo de paz. (Véase también: Sustituir la coca poco a poco: ¿qué es, cómo funcionaría y cuáles son los riesgos?)

Un nuevo giro en la política de drogas del presidente Gustavo Petro podría legalizar por lo menos el 67% de los cultivos de coca que hay en todo el país justo en una época de cifras históricas de la siembra y producción de ese alcaloide. Así lo estipula un proyecto que llegó este lunes a las oficinas del Consejo Nacional de Estupefacientes y que contiene una polémica propuesta presentada por el Gobierno: despenalizar los pequeños y medianos cultivos de hasta 10 hectáreas (ha) de siembra para que transiten hacia economías legales.